ACTIVISTAS PRUEBAN QUE MINERA CANADIENSE MINTIÓ AL DECIR QUE NO AFECTARÍA A INDÍGENAS CON SUS TRABAJOS

El INPI confirma la presencia de indígenas que la minera negaba por así convenirle

Ciudad de México.- La ONG FUNDAR dio a conocer que el pasado 11 de octubre, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) emitió el oficio CGPE/2019/OF/0477 por el que informa a Fundar y al Consejo Tiyat Tlali, haber identificado 71 localidades con población indígena en el municipio de Ixtacamaxtitlán en el estado de Puebla.

“Nueve de ellas precisamente en el área de influencia directa del Proyecto Minero Ixtaca, con el que la empresa canadiense Almaden Minerals pretende explotar un yacimiento de oro y plata bajo la técnica de cielo abierto”, puntualiza FUNDAR.

Luego de lo cual señala que la información del INPI desmiente las aseveraciones que la Minera ha realizado de manera sistemática, que niegan la existencia de población indígena en el lugar.

Recuerda que el oficio del INPI surge en respuesta a la solicitud que hicieron las organizaciones, en su calidad de representantes legales de la Comunidad Nahua de Tecoltemi (en el juicio de amparo contra las concesiones mineras sobre las que Almaden pretende realizar su proyecto minero), para aclarar el contenido del Oficio CGPE/2018/OF/0802, emitido el 28 de septiembre de 2018 por el Coordinador General de Planeación y Evaluación de la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Lic. Sergio Alberto Ortiz Rosales. 

En dicho oficio, Ortiz Rosales aseguraba que, tras efectuar un análisis de la documentación del proyecto minero los datos indicaban “la no presencia de población indígena en la zona de dicho proyecto en su área de influencia, de acuerdo con la Evaluación de Impacto Social y el estudio de Impacto Ambiental”, evaluación realizada por la empresa.  

Esta preocupante afirmación había sido difundida públicamente por parte de  Minera Gorrión, filial de Almaden, a pesar de que el Catálogo de la CDI establece que sí hay comunidades indígenas en el municipio y en el área de influencia directa del proyecto”, reprocha FUNDAR.

Por ello, el INPI en su oficio de referencia, señala que “derivado de una nueva revisión de la información estadística disponible en esta Coordinación se identificó población indígena o personas indígenas náhuatl tanto en el municipio como en el área de interés del proyecto”, y adjunta una Nota Técnica en la que sustenta y desarrolla su afirmación.

El Instituto apunta que “en el municipio de Ixtacamaxtitlán del estado de Puebla, la población indígena estimada sumó 6 mil 210 y 4 mil 841 personas, en 2010 y 2015, respectivamente, lo que significa 24% y 19.7 % del total de la población, respectivamente. Además, en 2015, la población indígena por autoadscripción sumó 7 mil 608 personas, 31% del total de la población del municipio”.

Asimismo, afirma que de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 en el municipio de Ixtacamaxtitlán, se identifica un total de 71 localidades con presencia de población indígena; de las cuales Santa María Zotoltepez, Zacatepec, Loma Larga, Almonamique, La Vega, Tuligtic (San Miguel), Ahuateno, Cruz de Ocote e Ixtacamaxtitlán (San Francisco), están ubicadas dentro del área del proyecto.

Además de precisar que un mayor número de localidades de población indígena podrían ser impactadas por las condiciones del Río Apulco que se encuentra cerca del área del proyecto.

FUNDAR y el Consejo Tiyat Tlali, avalan la labor del INPI en esta nueva revisión para aclarar la información, al reconocer a las poblaciones indígenas de la zona.

Consideran que la afirmación del Instituto “constituye una prueba más del incumplimiento del Estado Mexicano a sus obligaciones en materia derechos humanos de pueblos indígenas -de lo cual la empresa se ha beneficiado- como el que, desde la emisión de las concesiones mineras que otorgaban derecho a explorar y explotar, debió contarse con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas”.

Por ello, dicen las organizaciones,  las comunidades piden la cancelación directa e inmediata de las concesiones mineras, así como la negativa a la Manifestación de Impacto Ambiental presentada en febrero por la empresa ante la SEMARNAT.

En este sentido, recuerdan que el pasado 22 de octubre, más de 40 comunidades organizadas en la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, y comunidades ubicadas en la cuenca del río Apulco, entregaron al Secretario Víctor Toledo Manzur actas de asamblea con 3500 firmas, con las que, en ejercicio de su autodeterminación, rechazan el proyecto minero y niegan su consentimiento para su realización.

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