Ello a iniciativa de diputados del PAN y Morena
Ciudad de México.- La diputada federal Juanita Guerra Mena, expresó que las reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación no contradicen el derecho a la manifestación, sino que buscan proteger las expresiones auténticas de quienes se aprovechan de estas expresiones sociales para lucrar en la red carretera del país.
Cabe señalar que La Cámara de Diputados aprobó con 334 votos a favor y 96 en contra la iniciativa que reforma el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, que busca sancionar a quienes interrumpan, dañen o restrinjan la vías de comunicación y al transporte en México.
Lo anterior, luego de que en días pasados los diputados Víctor Pérez y Elhier Cinta, del Partido Acción Nacional (PAN), así como la diputada Juanita Guerra, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentaron el dictamen de la Iniciativa que reforma al artículo 533 y adiciona el artículo 533 bis para garantizar el Estado de derecho sobre las vías de transporte.
Desde tribuna al promover la citada reforma, la diputada Guerra mena comentó que las carretas mexicanas son el factor determinante del crecimiento económico y conectan nodos regionales de desarrollo, centros de población, producción y consumo, por lo que no pasa desapercibido para las y los legisladores el clamor social ante el aumento indiscriminado de actividades ajenas a movimientos legítimos, como la toma ilegal de casetas.
“Con esta actividad que no se encuentra regulada ni sancionada se afectan los ingresos que recibe el Estado Mexicano y, por concepto de contraprestación de la concesión carretera, estos costos son directos al Fondo Nacional de Infraestructura Carretera, y a Caminos y Puentes; además de que afecta directamente los mecanismos de reinversión y mantenimiento de la carretera, salarios de operación y seguridad que integran”, dijo.
En ese sentido puntualizó que no se opone a la libertad de manifestación y recordó que siempre ha estado del lado de las luchas sociales, principalmente en el estado de Morelos, el cual representa, cuyas exigencias ha llevado ante las autoridades de Comunicaciones y Transportes, como es el caso de los ejidatarios de Tlaltizapán y Ayala.
“Hay gente de la Sierra de Guerrero que vinieron a Morelos engañados por ciertos individuos que los trajeron a una caseta, donde los abandonaron para que fueran detenidos, de ahí la relevancia de la propuesta para que no se siga permitiendo el abuso contra personas inocentes, es decir, no estamos en contra de la expresión, estamos en contra de aquellas personas que están lucrando con el erario”, afirmó.
Agregó que impedir que el peaje llegue a las casetas afecta las finanzas del gobierno federal, municipios y por tanto extorsionan a los ciudadanos con su cobro, impidiendo además que éstos puedan contar con una cobertura en la póliza a la que tienen derecho por el cobro de peaje.
Afirmó que los manifestantes pueden exigir cuotas que van de los 10 a los 400 pesos, como sucede en Nayarit, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Morelos y Guerrero, “las entidades que mayores pérdidas han registrado por el huachicol carretero”.
Destacó que la exigencia para legislar en la materia surge de la misma sociedad civil, por lo que se tiene la convicción “de que la reforma castiga a quienes se esconden para cometer delitos y enriquecerse a costa de la infraestructura carretera contra la seguridad de los usuarios”.
La iniciativa de reforma al artículo 533 quedó de la siguiente manera: “A quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá una sanción de 3 meses a 7 años de prisión y una multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización vigentes”.