DENUNCIAN QUE, EN QUERÉTARO, LOS DIPUTADOS APROBARON PRIVATIZAR EL AGUA

Avalaron la explotación de agua de manera discrecional por parte operadores privados

Ciudad de México.- La diputada federal María Eugenia Hernández Pérez (Morena) calificó de “inaceptable” que los diputados del PAN del Congreso de Querétaro aprobaran la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, ya que privatiza el agua, a través de la figura de concesiones.

De forma alarmante, subrayó, se permitirá la explotación de agua de manera discrecional por parte operadores privados, lo que vulnera el derecho humano al agua, consagrado en la Constitución Política.

En ese sentido, Hernández Pérez exhortó al gobernador Mauricio Kuri que haga uso de su poder de veto y evite que esta nueva legislación entre en vigor, a fin de dar tiempo a que se analicen todas las implicaciones en materia de violaciones a los derechos humanos y determinar si incurre en sanciones de inconstitucionalidad.

Asimismo, pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) analizar esta ley, con el de objeto de determinar si existen violaciones a los derechos humanos y de ser así, dictar las medidas cautelares procedentes.

“Es necesario frenarla de inmediato para evitar daños mayores tanto en la integridad de las personas como en la supremacía de los mandatos constitucionales. Es innegable que a nivel mundial el agua se está escaseando y no se puede permitir en este momento la privatización, permitiendo que las concesionarias sean las administradoras de este recurso”, indicó en conferencia de prensa.

La diputada de Morena acusó que los diputados panistas avalaron este nuevo marco jurídico sin dar oportunidad a la sociedad, a los expertos y a las organizaciones sociales de expresar sus opiniones y propuesta en un debate, como lo han hecho los legisladores de la Cuarta Transformación.

“La administración de un recurso natural tan importante como el agua es una obligación que corresponde al Estado, pero definitivamente para ellos no se trata de una ley que garantice el acceso al agua como derecho humano, sino que se trata de una decisión económica para beneficiar a la iniciativa privada”, asentó.

Finalmente, informó que presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para pedir que se impida la entrada en vigor de esta nueva legislación

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