DERECHOS HUMANOS Y ESCRUTINIO INTERNACIONAL / Centro Pro DH

Columna Invitada

Ciudad de México.- La respuesta del Gobierno Federal a la reciente Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de personas periodistas y defensoras de derechos humanos es, atendiendo a la forma y el fondo, lamentable y preocupante.

En cuanto a la forma, porque responder de forma intempestiva y con lenguaje pendenciero nunca será la mejor manera de preservar estratégicamente las relaciones internacionales de México.

En cuanto al fondo, porque la respuesta del Gobierno de México expresa una visión equivocada sobre el lugar de los derechos humanos en las relaciones internacionales de un mundo globalizado.

Vale la pena extender la reflexión sobre este punto. El régimen internacional de los derechos humanos está construido sobre la posibilidad de que los estados y los organismos internacionales sean capaces de expresar preocupación por situaciones contrarias a la vigencia de los derechos, sin que ello sea entendido como injerencia o intromisión indebida.

La legitimidad de este proceder es consecuencia, precisamente, de que la humanidad constató reiteradamente a lo largo del siglo XX la relevancia de que ante eventos y situaciones que lastiman a la dignidad humana, no existan fronteras ni soberanías que limiten la indignación. Y si bien la puesta en práctica de ese ideal nunca ha estado exenta de contradicciones e incluso parcialidades cuestionables, no es propio de los gobiernos democráticos poner en entredicho el siempre necesario escrutinio internacional.

Más cuando en el pasado el propio Parlamento Europeo se había ya expresado sobre situaciones que atañen a nuestro país, sin suscitar este tipo de respuestas. Analizando sólo lo que corresponde al anterior sexenio, puede constatarse que esa instancia se pronunció, por ejemplo, ante la Desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el 23 de octubre de 2014, y la escalada de violencia en México, el 11 de marzo de 2010.

Más allá de las expresiones que puedan proferirse en el debate parlamentario, que tanto en el órgano legislativo europeo como en nuestro congreso son susceptibles de incluir afirmaciones inexactas y estridentes, el contenido de estas resoluciones -incluyendo la que motivó la airada respuesta del Gobierno Federal- cumple con las formas comúnmente aceptadas en los foros internacionales de derechos humanos, sin incurrir en ningún tipo de injerencia indebida o de lenguaje impropio.

Lo que señala la Resolución es una realidad que no puede esconderse. No puede negarse que en México subsisten riesgos considerables para el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, sobre todo en las comunidades y los municipios más apartados, especialmente en los estados más lastimados por la violencia. Este es un hecho objetivo que la resolución del Parlamento Europeo acierta en señalar. En igual sentido, las manifestaciones de preocupación sobre la retórica de las altas autoridades mexicanas parten de una base real: a lo que se apunta es a que con su belicosidad discursiva, las constantes descalificaciones a la prensa que se profieren desde las conferencias matutinas presidenciales no generan el mejor clima para el ejercicio de la libertad de expresión dado el peso diferenciado de la palabra presidencial. Esta consideración, por cierto, es compartida por organismos internacionales de derechos humanos como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Más allá de esta cuestión particular, la respuesta del Gobierno Federal preocupa por el entendimiento que evidencia respecto de la posición de los derechos humanos en el régimen internacional contemporáneo. La posición gubernamental parece sugerir que todo señalamiento internacional que exprese preocupación por los derechos humanos es injerencista y políticamente motivada. Este entendimiento es erróneo. Llevar hasta sus últimos extremos tal línea de pensamiento conduce, inexorablemente, a relativizar la relevancia del régimen internacional de derechos humanos, que con todas sus fragilidades y contradicciones es un triunfo civilizatorio de la humanidad, mismo que hoy -como muestran los recientes eventos en Ucrania- es fundamental defender. En vez de adoptar posiciones como la que subyace al reciente comunicado, sería deseable que en esta coyuntura global, México se situara entre las naciones que apoyan el fortalecimiento del régimen global de derechos humanos, con posiciones públicas que no deslegitimen las distintas expresiones de escrutinio internacional. Vale la pena insistir en una verdad elemental: los derechos humanos no son ni un invento reciente del régimen económico ni un arma arrojadiza para disputas políticas, sino un ideal que aun siendo siempre imperfecto e inalcanzable es sin duda lo mejor que tenemos para preservar la dignidad humana en un mundo violento y desigual.

Por ello, además de lamentar la respuesta gubernamental, es pertinente recordar también que en México la Unión Europea y su cooperación para el desarrollo ha sido una aliada indispensable para la democratización y la promoción de los derechos humanos. Conviene no olvidarlo.

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