DIPUTADOS PONEN EN RIESGO EL DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL

Activistas condenan y rechazan la reforma a las Ley de Vías Generales de Comunicación

Ciudad de México.- El Espacio OSC para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), ven con enorme preocupación que el 15 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó con 334 votos a favor, 96 en contra y 17 abstenciones reformas al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, “que impacta de manera negativa y pone en riesgo el derecho a defender derechos humanos y el derecho a la protesta social”. 

Las ONG’s recuerdan que la reforma referida estipula que:

(…) quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o para obtener un lucro, interrumpa el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje,  total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.

Consideran que esa reforma es profundamente punitivista y criminalizante de la protesta social y la libertad de expresión, pues reproduce narrativas estigmatizantes en contra de quienes ejercen el derecho a la manifestación.

De la misma forma, agregan, limita la protesta social como medio de transformación, de expresión de hartazgo social y como mecanismo para exigir justicia. “El cual, considerando el actual contexto sociopolítico plagado de altos niveles de violencia, impunidad, desigualdad y sistemáticas violaciones de derechos humanos, afecta especialmente a sujetos en situación de pobreza, personas defensoras, manifestantes, mujeres y poblaciones racializadas”. 

Para consolidar su posicionamiento, las organizaciones recuerdan que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, expresa: que las sociedades democráticas, las personas y la población en general se organizan y expresan sus demandas de formas distintas y por medio de estrategias que varían,  abarcando estrategias no institucionales, manifestaciones y protestas espontáneas y de gestación horizontal.

Por lo que, reiteran, esta iniciativa contraviene estándares internacionales en materia de derecho a la protesta, libre asociación y a la libertad de expresión, pues la toma de las calles y vías, es otra forma legítima de apropiación del espacio cívico, siendo ésta cualquier acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación. 

Las ONG’s puntualizan que la reforma abona a la violencia dentro del contexto de manifestaciones y a los intentos de inhibición del Estado mexicano a través de una oleada de medidas y marcos normativos restringentes y represivos, las cuales limitan significativamente el libre ejercicio del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión en México.

“El 2020 ha sido un año caracterizado por represiones  y estigmatización por parte de las autoridades en sus distintos niveles en contra de manifestantes y personas defensoras de derechos humanos como lo han sido colectivos feministas así como personas defensoras de tierra y territorio”, reprochan.

Luego de lo cual afirman que la aprobación de las reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación por la Cámara de Diputadxs es violatoria al contravenir el carácter progresivo de los derechos humanos y tiende a la criminalización de manifestantes, activistas, colectivos y personas defensoras de derechos humanos, que utilizan el espacio cívico como una alternativa de justicia en un país caracterizado por la impunidad, además de pretender inhibir este ejercicio de derechos. “En consecuencia, condenamos la reciente aprobación del dictamen que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación por la Cámara de Diputadxs”.

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