EL GOBIERNO FEDERAL INCUMPLE, DESDE HACE 2 AÑOS, UNA SENTENCIA DE LA CIDH: CDHM

La CIDH reconoció que el estado mexicano es responsable de la desaparición de 3 personas en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CDHM), recordó que hace dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó la sentencia condenatoria al Estado mexicano por la desaparición forzada de Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, en Chihuahua.

Los hechos, relata, ocurrieron el 29 de diciembre de 2009 y, desde entonces sus familiares desconocen su paradero y el caso sigue en completa impunidad.

Considera el Centro que la sentencia de la Corte IDH era una oportunidad propicia no solo para brindar una reparación integral a las familias, sino para que el Estado mexicano adoptara medidas estructurales relacionadas con la militarización de la seguridad, la creación de un registro único de personas desaparecidas, la capacitación de fuerzas de seguridad y el compromiso expreso de que esos hechos no se repitieran a partir de un acto de reconocimiento de responsabilidad.

“De manera preocupante, el Estado mexicano no solo no ha avanzado en el cumplimiento de la sentencia, sino que ha retrocedido en la adopción de esas medidas estructurales de no repetición. Esto se puede evidenciar con la emisión del acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, emitido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de mayo”, reprocha la organización.

Luego de lo cual puntualiza que el retroceso, también se refleja en la reforma a la Ley General de Víctimas en la cual se promovió la desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), que no solo serviría para terminar de indemnizar a las víctimas del caso sino a muchas más.

Considera el Centro que la excesiva burocracia, la falta de una coordinación efectiva entre dependencias, la renuencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la rotación de funcionarios y funcionarias involucrados en el cumplimiento de la sentencia y la pandemia de COVID 19 también han sido factores determinantes para no poder avanzar de manera sustantiva en el caso.

Por tal situación, informa, se ha solicitado a la Corte IDH la celebración de una audiencia de seguimiento en la cual se reitere al Estado mexicano la obligación de cumplir de buena fe con sus obligaciones internacionales.

Sobre este tema, el Centro recuerda que en febrero de 2010, Andrés Manuel López Obrador se entrevistó con una delegación de familiares. “En esa ocasión, les externó todo su apoyo. Hoy, a dos años de la sentencia y a 11 años de la desaparición de las tres víctimas, las familias -frustradas, desesperadas y preocupadas- le recuerdan ese hecho y le piden congruencia”.

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