EN MEDIO DE LA PANDEMIA, ALGUNOS PAÍSES AUMENTARON LA APLICACIÓN DE LA PENA DE MUERTE

AI informa que 18 naciones llevaron a cabo ejecuciones en 2020

Londres, Inglaterra.- La ONG Amnistía Internacional declaró que los desafíos sin precedentes planteados por la pandemia de COVID-19 no bastaron para disuadir a 18 países de llevar a cabo ejecuciones en 2020.

Amnistía Internacional, hoy en su examen anual de la pena de muerte en el mundo, aseguró que aunque hubo una tendencia general hacia la disminución, algunos países mantuvieron o incluso aumentaron el número de ejecuciones llevadas a cabo, “lo que indica un escalofriante desprecio por la vida humana en un momento en el que la atención mundial se centraba en proteger a la gente de un virus mortal”.

Entre los países que llevaron a cabo ejecuciones en 2020 está Egipto, que triplicó su cifra anual de ejecuciones respecto al año anterior, y  también China, que anunció que se castigarían los actos delictivos que afectaran a las medidas de prevención de la COVID-19, lo que dio lugar a que al menos un hombre fuera condenado a muerte y ejecutado.

Mientras tanto, el gobierno de Trump reanudó las ejecuciones federales después de un paréntesis de 17 años, con la escalofriante cifra de 10 ejecuciones en menos de seis meses. India, Omán, Qatar y Taiwán también reanudaron las ejecuciones.

“Mientras el mundo se centraba en encontrar maneras de proteger vidas frente a la COVID-19, varios gobiernos mostraron una inquietante determinación de recurrir a la pena capital y ejecutar a personas a toda costa”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“La pena de muerte es un castigo abominable, y llevar a cabo ejecuciones en medio de una pandemia subraya aún más su crueldad inherente. La lucha contra una ejecución es difícil en los mejores momentos, pero la pandemia provocó que muchas personas condenadas a muerte no pudieran acceder a asistencia letrada en persona, y muchas de las que querían brindar apoyo tuvieron que exponerse a riesgos considerables —y, sin embargo, absolutamente evitables— para la salud. El uso de la pena de muerte en estas condiciones es una agresión especialmente atroz contra los derechos humanos”, puntualizó

Las restricciones relacionadas con la COVID-19 tuvieron preocupantes repercusiones en el acceso a asistencia letrada y en el derecho a un juicio justo en varios países, entre ellos Estados Unidos, donde abogados y abogadas de la defensa dijeron que no habían podido realizar trabajo fundamental de investigación o reunirse en persona con sus clientes. 

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