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Activistas piden la intervención del gobierno para garantizar el derecho a la protesta en México
Ciudad de México.- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), dio a conocer su enorme preocupación por los diversos actos de desprestigio, represión, intimidación, hostigamiento, amenazas y criminalización que compañeras defensoras de derechos sexuales y reproductivos han enfrentado durante los últimos días, a raíz de su participación en las acciones de protesta en congresos locales a favor de la legislación que contempla el debate sobre la interrupción legal del embarazo, así como en las movilizaciones llevadas a cabo en el marco del 28 de septiembre: Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Afirma que estos hechos de violencia no pueden considerarse esporádicos ni aislados, “forman parte de patrones sistemáticos cuyo propósito es intimidar y silenciar la defensa de los derechos de las mujeres a decidir sobre sí mismas, así como debilitar los movimientos organizativos e inhibir a otras personas, generando confrontación y rechazo social al señalar que las mujeres que ocupan y toman los espacios públicos para hacer escuchar sus demandas de libertad, justicia e igualdad, son delincuentes, como lo ocurrido con la acción colectiva Diamantina Rosa, del 14 de agosto en lugares como Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, entre otros”.
Para cimentar su denuncia, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos México da a conocer que ha registrado los siguientes acontecimientos represivos:
-El pasado 25 de septiembre, integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C., denunciaron actos de hostigamiento y vigilancia justo en el momento en que el Congreso Local de esa entidad votaba la iniciativa que despenalizaba la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
-El 28 de septiembre, elementos de la Secretaria de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Monterrey, Nuevo León, hostigaron al contingente que se movilizaba, de manera pacífica, a favor del reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir y a la autonomía de sus cuerpos. Además de criminalizar la protesta, los policías hicieron uso excesivo de la fuerza y detuvieron arbitrariamente a tres defensoras.
-El 29 de septiembre, Javier Meléndez Cardona, presidente seccional de Samayaluca, en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, a través de su cuenta de Facebook, exhibió públicamente la imagen de las defensoras Lidia y Yizni Granados Corral quienes, junto con otros colectivos y organizaciones, han mantenido oposición al proyecto minero Samayaluca, sin embargo la participación de ambas compañeras en la movilización de mujeres del día anterior fue usada por esta persona para denostarlas, difamarlas y desacreditar su labor como defensoras de derechos humanos.
-El 30 de septiembre, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) emitió un comunicado centrado en visibilizar la condena a los actos vandálicos registrados en las manifestaciones realizadas en varias zonas del país, en particular en la ciudad de México, y exigir la aplicación de sanciones, lo que en nada contribuye a que en el imaginario social se conozca y respete la legitimidad de las movilizaciones de miles de mujeres mexicanas basadas en la reivindicación del derecho a decidir y elegir sobre nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y la maternidad.
-El 01 de octubre integrantes de la Asamblea Feminista de Yucatán, también, denunciaron la campaña de criminalización y estigmatización que el Gobernador del Estado, así como el presidente municipal de Mérida, llevan a cabo en contra de quienes participaron en la marcha del 28 de septiembre, al imputar a las compañeras la comisión de delitos y amenazar al movimiento con la imposición de sanciones penales y administrativas.
-Situación que también fue recurrente hacia defensoras de derechos sexuales y reproductivos en Chiapas que a raíz de su participación en la movilización del 28 de Septiembre, están siendo objeto de desprestigio, descalificación y exhibición con mensajes que incitan a la agresión.
“A la par, nos parece alarmante que varias defensoras de derechos humanos, a lo largo del país, con posturas claras a favor de la despenalización de la interrupción legal del embarazo, estén viviendo una serie de ataques en redes sociales que amenazan su privacidad, seguridad, integridad, y vida. Cabe recordar que estas acciones misóginas están relacionadas con el género y por ende son manifestaciones de violaciones específicas que enfrentan las mujeres por su labor de defensa de derechos humanos”, condena la organización.
La RNDDHM considera que este clima de violencia exacerbada hacia las defensoras de derechos sexuales y reproductivos, activistas y sus movimientos, está siendo avalado por instituciones públicas con total impunidad y permisividad, “lo que refleja una grave falta de reconocimiento de la función que las defensoras tenemos en la sociedad y a la par es una invitación a seguir violentando nuestros derechos”.
Recalca la organización que defender los derechos humanos no está sujeto a restricciones geográficas e implica defender libremente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
Ante lo reseñado, la Red exige al Gobierno mexicano, a través de la Doctora Olga Sánchez Cordero, Secretaria General de Gobierno, lo siguiente:
-Tomar con seriedad las denuncias que compañeras defensoras, de diversas entidades federativas, han realizado en últimas fechas.
-Se desactive el clima de criminalización, hostigamiento, desprestigio y misoginia hacia las mujeres que defienden derechos sexuales y reproductivos en entidades locales, municipales, estatales y federales.
Asimismo, advierte que la demanda del movimiento de mujeres para que se les garantice el derecho a decidir seguirá, sin embargo –destaca- los actos de ilegalidad de quienes tienen la obligación de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos en nuestro país no pueden continuar ni quedar impunes. “Por ello también instamos al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a investigar actos que puedan constituir violaciones a derechos humanos”.