Activistas denuncian los hechos y piden orden en esa dependencia que acumula problemas
San Luis Potosí, SLP.- El fundador y dirigente
de la ONG Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias, denunciò
que el tráfico de influencias está en todo su apogeo en el Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, “esto gracias a que los allegados al Presidente, Juan
Paulo Almazán Cue, se están beneficiando con contratos.
Afirma el activista que un claro ejemplo de ello, es lo que sucede con Isabel Cristina Santibáñez Bandala “que gracias a su amistad con Almazán Cue fue nombrada, el pasado 25 de abril del 2017, como Directora en el Instituto de Estudios Judiciales. Sin embargo, con el tráfico de influencias se está beneficiando al esposo de Isabel Cristina Santibañez: Federico Echeverri Choux”.
Explica González Covarrubias que de acuerdo a los egresos del Poder Judicial de San Luis Potosí, de los meses de mayo y agosto de 2019 publicados en la Plataforma Estatal de Transparencia, aparece el registro de dos pagos por $ 100,639.00 “hechos a este nuevo y preferencial proveedor (Echeverri Choux) que juntos suman un total de $201,278.00 por concepto del pago de luminarias. Esto con los cheques C00639 y C01467 de la cuenta de Banorte del Poder Judicial del Estado”.
Puntualiza que Isabel Cristina Santibañez y Federico Echeverri Choux, contrajeron matrimonio el pasado mes de mayo del 2019 “y de inmediato las influencias empezaron a dar frutos. Este es otro escándalo de los muchos que ya se le acumulan al Presidente Juan Paulo Almazán.
Por lo anterior, González Covarrubias demanda que se ponga orden, se acabe el influyentísimo, el tráfico de influencias, la prepotencia y el terror laboral con el personal de la citada dependencia.
“No se nos debe olvidar que varios funcionarios judiciales presentaron una solicitud de juicio político ante el Congreso del Estado, en contra del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura, Juan Paulo Almazán Cue, a quien acusan de abuso de poder, ejercicio indebido de funciones y violaciones a sus derechos humanos”, finaliza la denuncia del activista.