ESTUDIANTES DE LA UNAM CONSIGUEN QUE EL INM SE DISCULPE PÚBLICAMENTE POR SUS ILEGALIDADES

Además, mediante un amparo buscan que el INM solamente realice revisiones en las fronteras

Ciudad de México.- A principios de septiembre de 2015, cuatro personas mexicanas, dos hombres y dos mujeres, una de ellas adolescente, todos indígenas tseltales de Chiapas, iniciaron un viaje al norte del país para trabajar en la cosecha de temporada.

El 3 de septiembre de ese año, en la caseta de “Palmillas” ubicada en San Juan del Río, Querétaro, agentes del Instituto Nacional de Migración les pidieron identificarse, pues según los agentes “parecían extranjeros centroamericanos”.

Tres de ellos presentaron sus actas de nacimiento y uno también presentó su credencial para votar, pero los agentes migratorios insistieron en que parecían de Guatemala.

Sin ninguna prueba, determinaron que las actas eran falsas, por lo tanto, trasladaron a quienes sólo presentaron su acta de nacimiento -un hombre y las dos mujeres- a la estación migratoria de Querétaro para iniciarles procedimientos de deportación.

Los procedimientos duraron más de una semana, durante todo ese tiempo estuvieron detenidos en la estación migratoria, nunca tuvieron acceso a un intérprete que conociera su lengua, la adolescente no recibió un trato acorde con su edad y el hombre recibió golpes y choques eléctricos para que aceptara su supuesta nacionalidad guatemalteca.

Ante esta situación, estudiantes universitarios pertenecientes a la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y el Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. (IMUMI), asumieron la defensa de estas cuatro personas, interpusieron un juicio de amparo que logró su libertad, una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, otra queja ante el Órgano Interno de Control del INM y una denuncia penal por las violaciones a sus derechos humanos.

El amparo, pendiente de resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación -amparo en revisión 275/2019-, pugna por que se declaren inconstitucionales las disposiciones de la Ley de Migración que facultan al INM para realizar revisiones migratorias en puntos distintos a los oficiales de entrada internacional, permitiendo la detención y deportación de personas mexicanas “que parecen extranjeras”.

La queja ante la CNDH culminó en la recomendación 22/2016 donde se determinó que se habían vulnerado los derechos de los indígenas, tanto a la no discriminación, a la nacionalidad, a la libertad personal y de tránsito y al acceso a la justicia. Además, reconoció que estas personas habían sido víctimas de tratos crueles y degradantes, por lo que debían ser reparados.

Derivado de la recomendación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas inscribió a estas 4 personas en el Registro Nacional de Víctimas y el 23 de enero de 2019, resolvió el expediente CEAV/CIE/0158/2017, en el que ordenó la reparación integral de los daños que les fueron ocasionados, incluyendo una disculpa pública del INM, como medida de satisfacción.

Por primera vez, el INM deberá reconocer que se ha basado en la apariencia de las personas para hacer revisiones migratorias, lo que está expresamente prohibido en la Constitución mexicana, afectando derechos de mexicanos sin tener facultades para ello y sin garantizar los derechos de las personas indígenas ni de las menores de edad.

Asimismo, el INM deberá explicar qué estrategias está implementando para evitar que estas acciones vuelvan a ocurrir.

Los estudiantes de Derecho de la Clínica Jurídica han trabajado en este asunto mediante una estrategia con perspectiva de derechos humanos que procura restablecer la dignidad de las víctimas, así como identificar, evidenciar e impugnar la discriminación de las autoridades y de la ley hacia la población migrante -que incluye a personas nacionales y extranjeras-, demostrando cómo el aprendizaje práctico es una forma de responder a la emergencia social.

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