Luego de ser encarcelados, fueron liberados pero deberán firmar semanalmente y no acercarse a sus tierras
Tegucigalpa, Honduras.- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, denunció que el pasado jueves 15 de octubre de 2020, 6 integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fueron detenidas por defender y recuperar sus territorios en la comunidad de El Achotal, departamento de Siguatepeque.
La ONG explicó que la jueza a cargo del caso, declaró prisión preventiva por el supuesto delito de usurpación de tierra para María Leticia Sánchez, Iris Yolanda Herrera, María Trinidad Herrera y Benito Herrera, Benjamín Sánchez y Edi Funez.
Agrega que el COPINH, además denuncia que Benito Herrera y María Leticia son responsables de 3 menores de edad, quienes han quedado en desamparo luego de la detención de sus padres.
Por lo anterior, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humamos en Honduras, condenó la criminalización de la defensa de la tierra y exige la inmediata liberación “de las y los compañeros ya que el supuesto delito del que se les acusa no amerita la acción legal de prisión preventiva”.
Condena que mientras los responsables de graves delitos de corrupción y crímenes contra la vida continúan en la impunidad, el sistema de justicia hondureño sigue encarcelado y criminalizado a las y los defensores de los bienes comunes.
Al respecto, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, dio a conocer que ayer martes 21 de octubre de 2020, se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de los 6 militantes del COPINH.
El juzgado resolvió dictar medidas sustitutivas a los y las defensoras por los delitos de usurpación, tala ilegal del bosque y roturación de la tierra. Estas medidas les obligarán a presentarse semanalmente al juzgado y además les prohibirán acercarse a las tierras que se encontraban trabajando al momento de su detención.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, condenó la decisión del sistema de justicia del régimen, “que nuevamente criminaliza la defensa del territorio y coloca en riesgo la seguridad alimentaria y la vida misma de los y las defensoras y sus familias al negarles el derecho a trabajar las tierras”.