Ello luego de que el ayuntamiento de Nahuatzen les quitara una instalación de su dominio
Morelia, Mich.- La organización SERAPAZ, denunciò que ayer por la mañana, el juez del Centro de Reinserción Social (Cereso), Eduardo Ruiz, de Uruapan, Michoacán, dictó sentencia por el delito de sabotaje a los indígenas José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera.
Considera la ONG que dicha sentencia es injusta; ya que durante el juicio no se probó dicho delito “por lo que los compañeros son víctimas de criminalización por la defensa de su Autonomía y Territorio”.
Alejandro Chavez Rojas abogado defensor de los sentenciados, afirmó que para él, está claro que emitieron la sentencia con pruebas inconsistentes ya que “es claro y notorio que los hechos se contradicen en las declaraciones de los testigos, quedo muy claro que declararon con falsedad y de manera contradictoria”.
La defensa apelará la sentencia, una vez que el juez la dicte y se las envíe por escrito, lo cual tiene que ocurrir en los siguientes 5 días.
“Apelaremos para los magistrados del Estado revisen la resolución con los agravios que harán valer con las inconsistencias y argumentos para que sea revocada por los magistrados” dijo Jesús Casares Ramirez, otro de los abogados defensores.
Según el Código Penal del Estado de Michoacán, el delito de sabotaje es cuando se dañe o destruya recursos esenciales que el Gobierno del Estado tenga destinados para el mantenimiento del orden público.
El abogado Jesús Casares explica que “el delito no pudo proceder porque los bienes los tenían y los sigue teniendo el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, por lo tanto, al tener los bienes, en ningún momento puede interferir en las funciones de ningún ayuntamiento, porque ellos son autoridad”.
Al contrario, destaca el litigante, el Ayuntamiento de Nahuatzen interfiere en las funciones del Consejo Indígena por el retiro arbitrario de los recursos económicos al meterse de manera arbitraria en las instalaciones propiedad del Consejo.
“Está claro que las instalaciones del DIF (que son las que están en disputa) son parte del patrimonio de la cabecera municipal, que son administradas por el gobierno autónomo (indígena) de Nahuatzen. La sentencia no se apegó a derecho y haremos valer los recursos que dictan la ley para el resultado sea favorable una vez que otras autoridades de superior jerárquico revisen las pruebas”, sentenció el abogado.
SERAPAZ señala que el delito de sabotaje es el más común usado por los Estados para criminalizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos, así lo documenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe “Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos”.
Para el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN) estas sentencia es una amenaza a su Autonomía, a la defensa del territorio y pone en evidencia el uso indebido del sistema de justicia penal para desarticular la defensa de los derechos humanos que se ejerce desde del CCIN.
Por lo anterior, el día de hoy, integrantes del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN) y miembros de la comunidad, clausuraron simbólicamente la representación del Estado de Michoacán en la Ciudad de México, después que el día de ayer se dió el fallo donde se declara culpables del delito de sabotaje a José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera.
Los inconformes reiteraron que dicha sentencia es injusta ya que no se probaron los hechos y los testimonios no fueron contundentes, “por lo que es una represalia y forma de intimidación por la defensa de la autonomía de la comunidad indígena de Nahuatzen”.
Ante la representación del Gobierno de Michoacán en la CDMX, el CCIN demandó lo siguiente:
-Se libere a los presos políticos que están injustamente encarcelados por defender el territorio y autonomía
-Que se respete la Autonomía de Nahuatzen, su gobierno comunitario y el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, quienes fueron reconocidos como autoridad indígena por el Tribunal Electoral del Gobierno de Michoacán y el Gobierno Federal en el año 2017 bajo el juicio ciudadano TEEM-JDC- 035/2017.
-Que el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, reciba al CCIN y se abra una mesa de diálogo.
También, los indígenas afirmaron que el CCIN ha sido blanco de agresiones, criminalización, amenazas y hostigamiento por defender su autodeterminación, por lo que pidieron se garantice la protección de todas y todos.
En este contexto, cabe señalar que en noviembre de 2018 el gobierno de Michoacán encarceló a los concejales, José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y a un simpatizante del movimiento comunitario, José Gerardo Talavera por su ejercicio de defensa de su derecho a la Autonomía como pueblo indígena.