GOBIERNO GUATEMALTECO ELUDE RECOMENDACIÓN DE LA CIDH

Por ello, decenas de familias desplazadas siguen en riesgo de muerte

Guatemala, Guatemala.- Debido a la grave crisis humanitaria que viven -desde el 02 junio de 2017- 111 familias que fueron desalojadas y desplazadas de la comunidad Laguna Larga del Departamento del Petén en Guatemala, un grupo de expertos, abogados y organizaciones de derechos humanos realizaron una visita de verificación el pasado miércoles 29 de septiembre del año en curso para documentar la situación actual en que se encuentran estas familias.

En ese sentido integrantes del Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala, el Comité Campesino del Altiplano de Guatemala, Aldo Iván Dávila (Diputado de la República de Guatemala) y Voces Mesoamericanas, dieron a conocer en conferencia de prensa que a cuatro años de haberse otorgado medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Estado de Guatemala sigue sin cumplir con sus obligaciones legales.

Entre los datos documentados en la reciente visita se confirmó que a la fecha van 14 personas fallecidas durante y después del desalojo, que no hay condiciones básicas de sobrevivencia y no tienen ningún servicio elemental para una vida digna. Las niñas y niños de esa comunidad no están registrados ante el Registro Nacional de las Personas (RENAP). Los espacios para la instrucción escolar están en condiciones inaceptables.

Durante su intervención, Rubén Domingo del Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala (BDH) que acompaña el caso, denunció que es responsabilidad del gobierno de Alejandro Giammattei atender la grave crisis humanitaria que enfrentan las familias desplazadas que están sobreviviendo en condiciones que ponen en riesgo su vida e integridad.

Por su parte Enrique Maldonado consultor externo, confirmó que no existe censo de las niñas y niños que están en la línea fronteriza y que también tienen una dieta limitada. Los adultos se alimentan menos de tres veces al día. Los desplazados están expuestos a enfermedades transmitidas por el agua y alimentos, ya que no ha habido renovación de los filtros ecológicos.

Aldo Dávila, Diputado de la República de Guatemala, denuncia que la comunidad fue desalojada y despojada de su tierra y territorio por el gobierno de Guatemala y no ha dado atención a las recomendaciones de la CIDH. Advirtió que eso vulnera la vida de  familias y evidencia el nulo interés por atender esta situación frente a la pandemia por el COVID19.

Pide que no cese la presión al gobierno para atender está situación y que las familias sean retornadas a su comunidad.

En su turno, Aldo Ledón de Voces Mesoamericanas mencionó que este desplazamiento es el reflejo de una política de despojo de territorios que se está llevando a cabo en Guatemala con el pretexto de la conservación de las áreas protegidas.

Prcisó que el caso de Laguna Larga es uno de los primeros desplazamientos del Petén, Guatemala. Advierte que otras comunidades corren el mismo riesgo, y que si se complementará la orden de desalojo para más de 60 comunidades esto causaría un éxodo que nos recordaría el conflicto armado guatemalteco.

Leocadio Juracán del Comité Campesino del Altiplano, recordó que la población ha estado asentada en la comunidad de Laguna Larga antes del Decreto número 4 de la Ley de Áreas Protegidas de 1989, y que además varias instituciones del Estado reconocen que está comunidad son posesionarios históricos de ese territorio.

Señaló que las violaciones han sido no reconocer donde poder vivir, que son originarios de ese territorio y donde poder sembrar. Denunció que el gobierno de Guatemala desplazo a las familias y ahora pretende endeudarlos con fincas que se encuentran en área protegida. Hay una intención de engañarlos, endeudarlos y retornarlos a la misma problemática.

Finalmente, José Chic del Comité Campesino del Altiplano, señaló que el gobierno pretende reparar el daño del caso de Laguna Larga, endeudándolos con fincas que no llenan las condiciones necesarias, advirtiendo que esas fincas no tienen la misma cantidad y calidad de tierra de donde fueron desalojados, y que resulta irónico que, a particulares y supuestos propietarios, se les respete su condición aun estando en áreas protegidas, pero que a los desplazados no se les respeto sus derechos de posesión histórica.

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