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Activistas reprochan los hechos y consideran que ello permite más ataques a migrantes en Tamaulipas
Ciudad de México.- La ONG Fundación
Justicia, dio a conocer que la recomendación (23VG/2019) que dio a conocer
públicamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es derivada
de la investigación de los hechos ocurridos entre los meses de abril y mayo de
2011 en San Fernando, Tamaulipas, donde hace más de 8 años, se localizaron 196
restos en 48 fosas clandestinas. También se pronuncia por la desaparición de 57
personas en un contexto similar.
Considera que el caso de las Fosas de San
Fernando, Tamaulipas (2011), se suma a las masacres más crueles ocurridas
en México donde hay población migrante: la de los 72 migrantes en San Fernando
(2010), y la masacre de las 49 personas en Cadereyta (2012).
Señala que los tres casos han recibido
recomendaciones por parte de la CNDH, no obstante, en los tres casos, se
observaron fallas y violaciones en la investigación de los hechos que dieron
lugar a las masacres o las permitieron, los derechos al acceso a la justicia, a
la verdad y a la reparación integral de las familias y sobrevivientes,
propiciando la impunidad en la que se encuentran los 3 casos; “donde además la
Fiscalía General de la República (FGR), no ha llevado a cabo investigaciones
efectivas ni tampoco ha agotado las líneas de investigación relacionadas a los
agentes del Estado que pudieron haber participado por acción u omisión”.
A pesar de la emisión de tres recomendaciones de
la CNDH, abunda la ONG, se considera que esta institución no ha cumplido con el
derecho a la verdad para las familias y la sociedad, ya que –dice- desde su
primer informe de secuestros de migrantes en el año 2009, había documentado que
en estos casos había participación directa de agentes del Estado, “sin embargo,
no se encaminó hacia una investigación por violación al derecho a la vida o
integridad por secuestros u homicidios de personas migrantes, por parte del
Estado mexicano”.
Cita la Fundación que tanto en el primer
como en el segundo informe de secuestros de migrantes emitido este último en el
año 2011, existen testimonios sobre servidores públicos involucrados
directamente en secuestros de personas migrantes los cuales no fueron
incorporados en la recomendación.
Otro aspecto que considera grave, es que la CNDH
cita en su recomendación por el caso de Fosas de San Fernando, que policías
municipales bajaban de los autobuses a personas migrantes, sin que haya
profundizado en la investigación de estos hechos, como tampoco investigó el
papel de la Presidencia Municipal de San Fernando y otras autoridades que
pudieran haber participado por acción o por omisión.
“En este sentido, la CNDH ignora su propia
evidencia citada en la recomendación, no profundiza ni establece
responsabilidades.
Cuando las instituciones renuncian a brindar
seguridad a las personas en determinado territorio, cuando se sabe que los
territorios por los que transita la población migrante están tomados por el
crimen organizado y no se les investiga y sanciona, cuando se sabe que están
secuestrando y matando migrantes y se deja pasar o no se hace nada, también se
viola el derecho a la vida y la integridad”, puntualiza la organización.
Por ello, afirma que eso precisamente es
lo que no logró investigar la CNDH bajo la conducción de Luis Raúl Pérez y
teniendo al Dr. Corzo como encargado de la 5ª Visitaduría de migrantes, y como
actual integrante nombrado por el Estado Mexicano para ocupar un lugar en el
Comité de Trabajadores Migratorios y sus familias de la ONU.
Ante los recientes acuerdos migratorios
celebrados entre México y Estados Unidos, afirma que resulta alarmante que estén ocurriendo
nuevamente secuestros de migrantes en el norte de la República Mexicana, en las
ciudades donde bajo programa Quédate en México -aceptado por el gobierno
mexicano- se han enviado más de 52,000 personas solicitantes de asilo a esperar
su proceso de asilo llevado a cabo en EUA.
“En febrero de este año ocurrió nuevamente
un secuestro de migrantes en una de las carreteras más peligrosas del país
(Tampico-Reynosa) donde sujetos armados bajaron de un autobús a cerca de 20
personas, y en donde apreciamos declaraciones del Presidente de la República y
del Secretario de Seguridad Pública Federal, minimizando los hechos”, reprocha
Fundación Justicia.
Afirma que las grandes tragedias en nuestro
país, las grandes violaciones sólo ocurren cuando de manera sistemática se
falla en la prevención, falla la investigación y falla la sanción. “Pero
también cuando los órganos encargados de investigar al estado, como la CNDH claudican
en sus deberes”.
Destaca que la CNDH en los tres casos ha
ignorado las voces de las familias de migrantes desaparecidos y ejecutados.
“Por los hechos de la masacre de los 72 migrantes la Fundación para la Justicia promovió un amparo contra esta institución (CNDH) por no investigar y por no permitir la participación de familiares en la misma. La actual CNDH litigó en contra de las familias, y en lugar de haber aceptado que cometieron un error, no solamente no lo remediaron, sino lo repitieron en la investigación de la masacre de Cadereyta y en la de la masacre de Fosas de San Fernando”, condena la ONG.
Esto, agrega, a pesar de que en múltiples
ocasiones se le había pedido al 5º Visitador Edgar Corzo, que se hiciera un
esfuerzo de trabajo conjunto porque la investigación y la misma recomendación
podría haber sido una forma de reparación de los derechos violados a las
víctimas y sus familias.
Por el caso de cremación de restos en el caso de
Fosas de San Fernando, la Fundación para la Justicia solicitó medidas
cautelares antes de que esto ocurriera. La ONG asegura que la propia CNDH se
perdió en su burocracia y no solo no atendió a la solicitud sino que no hizo
nada para impedir la cremación de restos.
La Fundación para la Justicia ha tenido acercamientos
con el Presidente, el encargado de Seguimiento de recomendaciones, el Segundo
visitador y el Consejo de la CNDH para solicitar formalmente que, debido a que
no está agotada la investigación respecto a la participación de agentes del
Estado en secuestros y ejecuciones de migrantes, se continúe con la misma, y
que esta investigación se acumule con la que está pendiente de realizar por el
secuestro de migrantes en febrero de 2019, cuidando la participación de las
familias que están tanto en México como en otros países en la investigación, a
fin de que se puedan documentar debidamente los derechos violados y el daño
causado.
La ONG expresa que saluda la voluntad del
actual Presidente de dejar abierta dicha investigación y se agradece la
intervención que ha tenido el Consejo de la CNDH en estos casos. “Las masacres
y los secuestros y desapariciones de personas migrantes requieren abordajes
amplios y multidisciplinarios, que permitan entender de forma más precisa el
origen y desarrollo de ese tipo de atrocidades y aclarar la responsabilidad del
Estado mexicano”.
“La recomendación deja una deuda: el derecho a
la verdad; falla en lo más importante que era investigar por qué pasaron las
masacres y de qué forma el Estado ha participado ya sea por acción u omisión.
Habiéndose elegido al nuevo presidente de la CNDH, queda bajo su
responsabilidad preservar la independencia y autonomía en todas sus
actuaciones, pero además, transformar de fondo la institución para que responda
e investigue los patrones de actuación del estado que violan derechos humanos
de las personas migrantes. Le tocará lo que no se ha visto hasta este momento
en la CNDH: la congruencia con su mandato y la cercanía con las víctimas y
familias afectadas”, finaliza la denuncia de la organización.