ONG’s denuncian que de 2006 a 2020, 172 activistas han sido víctimas de ese delito
Ciudad de México.- El Comité Cerezo México junto con diversas organizaciones que organizan la denominada Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, emitieron un comunicado para en el marco de la onceava conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido en México, y a más de 2 años que el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, “hacer las siguientes precisiones en relación a uno de los ejes más importantes de su sexenio: La erradicación de la Impunidad”.
Recuerdan las ONG’s que desde hace 11 años, como organizaciones agrupadas en la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, han documentado de 2006 a mayo de 2020, 170 personas defensoras de derechos humanos y 2 luchadores sociales, víctimas de desaparición forzada.
“Sí bien, hasta mayo del año pasado vimos una disminución en la práctica de esta grave violación a derechos humanos, cometida por agentes federales; hemos observado que, en este 2021, en diversos estados de la República, la desaparición forzada, en algunos casos temporal (ocurrida por horas o días) sigue siendo un mecanismo utilizado para intentar frenar la protesta y el descontento social”, reprochan las organizaciones.
Luego de lo cual afirman que están conscientes de que el gobierno, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, heredó un grave problema después de 12 años producto de lo que denominaron, en sexenios pasados, como “guerra contra el narcotráfico, la cual denunciamos en su momento como lo que en realidad era: una guerra contra el pueblo”.
“Sin embargo, para las organizaciones agrupadas en la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, hemos hecho hincapié en que las políticas implementadas por la 4T en materia de desaparición forzada han sido insuficientes, que falta voluntad política para dimensionar la naturaleza de esta grave violación a los derechos humanos y que en la gran mayoría de los casos no se ha avanzado en garantizar a las víctimas el derecho a la verdad y Justicia”, puntualizan.
Reprochan que en el olvido se quedó la propuesta de la Campaña Nacional de crear un Instituto Nacional Autónomo de Ciencias Forenses para dar respuesta integral al grave problema de la identificación de cuerpos.
“El gobierno de la 4T, en la gran mayoría de los casos no ha garantizado el derecho a la verdad, que consiste en saber el paradero real de las víctimas de desaparición forzada. Máxime de aquellas víctimas que fueron desaparecidas de manera forzada por agentes estatales y federales, casos documentados que se han topado con la impunidad que este gobierno le ha otorgado a las fuerzas del orden”, consideran las ONG’s.
Señalan que la erradicación de la impunidad debe ser también un eje fundamental. En los hechos –dicen- mientras no exista investigación y sanción a los responsables materiales e intelectuales en todos los casos de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, como son los casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y prisión por motivos políticos; los perpetradores al saberse impunes algunos continúan cometiendo estos crímenes de Estado y otros sólo esperan el momento político o el cambio de gobierno para poder realizar de nuevo esas graves violaciones a los derecho humanos.
Consideran que la única manera, con la cual este gobierno puede sentar precedentes reales de la NO tolerancia a la impunidad y a la comisión de graves violaciones a derechos humanos en los tres niveles de gobierno es:
-La creación de Comisiones de la Verdad para las graves violaciones de derechos humanos y en específico, Comisión de la verdad para las desapariciones forzadas, promesa de campaña del gobierno incumplida hasta la fecha.
-La investigación y en su caso sanción a toda la cadena de mando que ha permitido hasta nuestros días las desapariciones forzadas en todo nuestro territorio. Este aspecto incluye la identificación, investigación y sanción a los funcionarios federales y estatales que cometieron graves violaciones a los derechos humanos tanto en los años de FCH y EPN, los cuales, muchos de ellos continúan trabajando en la actual administración federal o en gobierno estatales de todos los partidos políticos.
-Que ninguna instancia del Gobierno, tanto local como federal se niegue a ser investigada cuando las autoridades competentes así lo requieran; sólo así las familias de las víctimas, las organizaciones populares, indígenas, de derechos humanos y el pueblo en general, podremos tener certeza que estamos caminando realmente en la erradicación de la impunidad en México.
Para ejemplificar la justificación de sus demandas, las organizaciones señalan como ejemplo, lo ocurrido en el caso de Virginia y Daniela Ortiz, indígenas triquis del MULT, Fidencio Gómez Sántiz, indígena, integrante del FNLS Teodulfo Torres Soriano, activista y el caso de los dos luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, que a 14 años de haber sido desaparecidos de manera forzada, hoy el delito sigue en la impunidad y sin muestras de que pueda existir un verdadero acceso a la verdad y la justicia.
Ello, recuerdan, a pesar de haber obtenido una resolución de amparo a favor de las víctimas y sus familiares y de estar el caso actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Desde hace un año, no existe voluntad de parte de esta y del gobierno actual para demostrar en los hechos que se quiere terminar con la impunidad”.
“Por último, queremos señalar que, si bien en el discurso el Presidente Andrés Manuel López Obrador habla de la ‘no utilización de la fuerza’ para reprimir al pueblo, en los últimos días hemos visto una escalada represiva con las Normales Rurales; que ha llevado a denuncias de posibles desapariciones forzadas cometidas en varios estados del país; como organizaciones agrupadas en la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, le exhortamos a tomar las medidas necesarias, que pasan por la investigación y sanción a los responsables de estos hechos; recordándole que los Estados al no actuar para frenar graves violaciones a los derechos humanos de otras autoridades gubernamentales, también los están violentando por ser omisos y no actuar para evitarlas”, exigieron las organizaciones en su comunicado.
Finalmente, se dirigen a los colectivos de víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, para invitarlos a continuar luchando por que el Estado mexicano garantice los derechos de Verdad, Memoria, Justicia, Reparación Integral y Garantías de No Repetición.