Ello a pesar de que, en el primer trimestre del año, oficialmente se reconoce el asesinato de 29 mujeres
Puebla, Pue.- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF, red nacional conformada por 43 organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en 23 estados de la República), emitió un comunicado para denunciar el actuar de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, “la cual -por acción u omisión- obstaculiza la garantía del derecho al acceso a la justicia a familiares de víctimas de feminicidio en la entidad”.
Recuerda que como OCNF, la organización ha documentado diversas prácticas contra familiares y contra asesores jurídicos del Observatorio, lo que además vulnera el derecho a defender los derechos humanos.
“En el mes de abril, durante las diligencias a las que el equipo jurídico del OCNF acude para el seguimiento a casos de feminicidio, se intimidó a la asesoría jurídica del Observatorio, amenazándola con abrirle una carpeta de investigación, lo que evidentemente vulnera los derechos de las familias que se encuentran en búsqueda de justicia, así como la labor de las y los defensores de los derechos humanos”, denunció la organización.
Luego de lo cual aseguró que la violencia feminicida en Puebla es de suma preocupación, ya que, al menos, en el primer trimestre del 2021, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, ha documentado el asesinato de 29 mujeres, de los cuales sólo 10 casos se investigan como feminicidio.
Asimismo, agrega la ONG, en el mismo periodo se han registrado 762 casos de violencia sexual, que incluyen violación, abuso y acoso, entre otros delitos sexuales.
Sobre la problemática de la desaparición de personas, informa, de acuerdo a información de la Fiscalía General del estado de Puebla, en el año 2020, desaparecieron aproximadamente 758 mujeres, adolescentes y niñas en el estado.
Considera la ONG que la ubicación geográfica de Puebla, permite que delitos de género sean cometidos en el estado y que se perpetúen en las entidades aledañas como el estado de Tlaxcala y Ciudad de México.
“Ante la prevaleciente impunidad es necesario que las autoridades estatales y municipales ubiquen a la violencia contra las mujeres como una problemática que requiere atención urgente y permanente”, demanda el OCNF.
Por lo anterior, las defensoras de los derechos humanos de las mujeres que integran el OCNF, exigen a la Fiscalía del Estado de Puebla:
-Atienda de manera diligente y prioritaria las carpetas de investigación relacionadas con los delitos de género.
-Investigue incorporando la perspectiva de género, intercultural y de derechos humanos, a fin de garantizar el acceso a la justicia y de evitar la revictimización de las víctimas, así como de sus familias.
-Garantice la protección y seguridad para el desarrollo de la labor de las y los asesores jurídicos de las familias de víctimas, particularmente de integrantes del OCNF cuyo único fin es acceder a la verdad y la justicia.
De igual forma, al Gobierno del Estado de Puebla, la ONG hace un llamado para que, de ser necesario, recurra al órgano interno de control para sancionar a las y los funcionarios públicos que por acción u omisión vulneran la garantía del ejercicio de los derechos humanos y obstaculizan el acceso a la justicia, violentando el artículo primero Constitucional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Declaración Universal para Personas Defensoras de los Derechos Humanos, entre otras normativas nacionales e internacionales.
“Desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, red ciudadana sin fines lucrativos ni partidistas, hacemos responsable a la Fiscalía General del Estado de Puebla, de cualquier incidente de seguridad que ponga en riesgo en su territorio a cualquiera de las y los integrantes del OCNF, así como a cualquiera de las familias que acompañamos”, puntualiza la denuncia de las activistas.
Finalmente, hacen un llamado al Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno Federal, a que se mantenga atento de la situación que guarden las y los integrantes del OCNF, a fin de que puedan desarrollar su labor en condiciones de seguridad.