LA PRISIÓN OFICIOSA ES UNA HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN NO DE JUSTICIA: CADHAC

Activistas consideran que esa medida solo sirve para facilitar el trabajo a las fiscalías

Monterrey, NL.- La ONG Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), condenó que la Cámara de Diputados haya perdido la oportunidad histórica de rechazar las reformas legales para ampliar la prisión preventiva oficiosa y, con ello, proteger los derechos humanos y favorecer una auténtica justicia.

La organización considera que con la prisión preventiva oficiosa, poco importa que la gente encarcelada sea inocente o que, después de un largo proceso, al final sea liberada por los tribunales. “Es una herramienta de simulación, no de justicia”, declaró la Hna. Consuelo Morales, directora de CADHAC.

La activista aseguró que la prisión preventiva oficiosa, obliga a los jueces a encarcelar a las personas antes de que sean sentenciadas sin que puedan revisar las circunstancias de cada caso, simplemente porque la fiscalía los acusa de un delito listado en el artículo 19 constitucional.

Con ello, reprocha, se viola el principio de presunción de inocencia y se contraviene el derecho internacional de los derechos humanos que indica que la prisión antes del juicio debe ser una medida excepcional aplicable solamente cuando haya evidencia de que la persona acusada busca huir, impedir u obstaculizar indebidamente el juicio, por ejemplo, al destruir evidencia, o atacar a víctimas o testigos.

La dirigente de CADHAC expresa que en la práctica, los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa brindan una salida fácil a las fiscalías, que lejos de avanzar en la lucha contra la delincuencia, en realidad muchas veces se hacen juicios sin evidencia suficiente y, otras tantas, en contra de personas inocentes.

Incluso, agrega, si las personas logran recuperar su libertad después de años en prisión, el daño está hecho y las autoridades no se hacen cargo de repararlo.

La alternativa, considera Consuelo Morales, es un sistema de medidas cautelares que esté al arbitrio de los jueces, en que analicen la evidencia disponible y decidan si es necesario aplicar alguna medida cautelar, que podría incluso consistir en prisión preventiva justificada.

“La regla es que la gente debe estar libre si no está condenada por un delito, la prisión preventiva es una delicada excepción que solo es justa cuando hay evidencia clara de que la persona busca evitar que el juicio se lleve a cabo de forma normal. Cualquier uso adicional de esta privación de la libertad la convierte en una medida injusta y arbitraria”, concluyó Morales.

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