Ello luego de un reportaje que involucra a su hijo como beneficiario de recursos públicos
Ciudad de México.- La organización internacional ARTICLE 19 informa que las organizaciones Iniciativa Sinaloa, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el medio Noroeste, denunciaron la amenaza de emprender acciones legales en su contra, hecha por Francisco Labastida Ochoa, exgobernador de Sinaloa.
Explica que a través de una misiva dirigida a Noroeste y su director, Adrián López, Labastida niega los hechos descritos en el reportaje “Operación Desfalco Sinaloa” y advierte que buscará apoyo legal para buscar “la forma de demandarlos por calumniar, mentir y dañar” el prestigio personal del ex candidato a la Presidencia.
El reportaje en cuestión aborda la manera en que 16 funcionarios y políticos de Sinaloa se pudieron haber beneficiado de sus posiciones de privilegio para obtener contratos o subsidios públicos para sus empresas familiares.
En el caso de Francisco Labastida Ochoa, el reportaje describe la manera en que su hijo, Francisco Labastida Gómez de la Torre, se benefició con subsidios a su empresa Agri 27 y arrendamientos de propiedades al gobierno municipal de Culiacán y estatal de Sinaloa.
ARTICLE 19 comenta que La figura de difamación ha sido utilizada tanto por agentes estatales como por particulares para intimidar o castigar a medios y periodistas que evidencian prácticas de corrupción y tráfico de influencias.
Señala que aunque la difamación no es considerada un crimen en el estado de Sinaloa, la amenaza de emprender acciones legales en contra de las organizaciones, medio y periodistas involucrados en la investigación de “Operación Desfalco Sinaloa” es un acto que busca inhibir el ejercicio periodístico y silenciar a sus autores.
Ante este panorama, ARTICLE 19 hace un llamado al Gobierno de Sinaloa para que, en su calidad de garante de la libertad de expresión, brinden las condiciones idóneas para el desarrollo del ejercicio periodístico en la región.
Además, pide al Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa y a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que en caso de concretarse la pretensión de iniciar acciones legales contra los autores y promoventes de «Operación Desfalco Sinaloa», utilicen criterios que prioricen el derecho de estos a investigar y difundir información de interés público.