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Columna Invitada
La lucha anticorrupción puede desviarse (es decir, corromperse), si los partidos la partidizan, en lugar de que los tribunales la judicialicen adecuadamente.
Un “gasolinazo”, como el que tuvimos en México en enero de 2017, produjo en Ecuador protestas ciudadanas, en las que jóvenes e indígenas fueron los protagonistas, con saldo trágico de varios muertos y decenas de capturas.
Después de resistir y tratar de contener las protestas con medidas extraordinarias, como el cambio de sede de poderes (de Quito a Guayaquil) y un toque de queda por 30 días, el gobierno del presidente Lenín Moreno terminó cancelando el “gasolinazo” e instalando una mesa de diálogo con los manifestantes, lo que dio fin a las movilizaciones de protesta. Sin haber sido resuelto en sus planteamientos de fondo, el conflicto ecuatoriano parece haber encontrado un cauce de negociación institucional.
Lenín Moreno asumió el poder hace dos años con un movimiento de centro-izquierda llamado “Alianza País”, con un programa de gobierno calificado como de “socialismo moderno”, que contenía postulados económicos neoliberales, principios sociales para enfrentar las desigualdades y planteamientos políticos de un Estado y una presidencia fuertes.
Antes del “gasolinazo”, Lenín Moreno tenía una luna de miel con la ciudadanía peruana y gozaba de una alta aprobación a su mandato, pero la medida económica puso en jaque a su gobierno.
El presidente ecuatoriano denunció que detrás de las protestas estaban las maniobras desestabilizadoras del expresidente Rafael Correa y del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, mientras que los dirigentes de la protesta atribuían la ira popular a una “traición” y a un “incumplimiento” de los compromisos económicos y sociales del presidente Moreno.
Si en Ecuador el conflicto se inició con una medida de política económica, en Perú se originó por un diferendo entre la clase política gobernante. El actual presidente peruano, Martín Vizcarra, del partido Peruanos por el Kambio, llegó al cargo después de la dimisión del banquero Pedro Pablo Kuczynski, por estar inmiscuido en el caso de corrupción de Odebrecht, y en cuyo gobierno había sido vicepresidente.
Vizcarra desconfiaba del Parlamento peruano, dominado por la oposición fujimorista, y al momento en que éste debería nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional (órgano que habría de conocer de las acusaciones de corrupción en contra de Keiko Fujimori, hija del expresidente Fujimori y dirigente de la oposición peruana), el presidente ordenó su disolución.
La reacción de la mayoría legislativa fue considerar la disolución como un “golpe de Estado”, procediendo a desconocer y a suspender al presidente.
La lucha contra la corrupción en Perú ha costado la caída o el enjuiciamiento de los últimos cinco mandatarios (Alberto Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Kuczynski), siendo el caso Odebrecht el detonante. Pero la evidente politización de esta lucha anticorrupción ha devenido en crisis gubernamentales.
Las lecciones de Ecuador y Perú están a la vista: los “gasolinazos” no sólo son devastadores para la economía popular, sino también para gobiernos institucionalmente vulnerables; mientras que la lucha anticorrupción puede desviarse (es decir, corromperse), si los partidos la partidizan, en lugar de que los tribunales la judicialicen adecuadamente. Sí a la lucha anticorrupción, no a su partidización.