LOS SALDOS DEL GOBIERNO DE SILVANO AUREOLES CONEJO EN MICHOACÁN / FNLS

Columna Invitada

Morelia, Mich.- Ha concluido la administración perredista de Silvano Aureoles Conejo en Michoacán, la cual se caracterizó como uno de los gobiernos más represivos en la historia del estado igual que Agustín Arriaga Rivera y Auscencio Chávez. La política ejercida por el gobierno silvanista brilló por su esencia profacista, antipopular y pro oligarca.

Desde el inicio de su gobierno el 15 de octubre de 2015, Silvano Aureoles Conejo se alineó firmemente a los intereses del grupo oligarca que impuso a Enrique Peña Nieto en la presidencia del país. Dicha sumisión a la voluntad burguesa quedó plasmada cuando dio aval la imposición de las Reformas Neoliberales a través del “Pacto por México” en el año de 2012.

La “Gobernabilidad democrática, justicia social y paz” significó en los hechos la defensa a ultranza del Estado de Derecho Oligárquico a través de la represión, la persecución y la prisión política como instrumentos para contener el descontento popular. Las principales prácticas de su gobierno fueron más de 200 detenciones arbitrarias (Cifras obtenidas de la Revista “En Pie de Lucha”, Edición Especial, Mayo-Junio de 2021), la apertura de carpetas de investigación y ordenes de aprehensión contra estudiantes normalistas, trabajadores de la educación, comuneros y luchadores sociales, la fabricación de delitos y el uso y manipulación desvergonzada de las leyes para encarcelar a comuneros, trabajadores de educación, estudiantes y a todo aquel que exigiese solución a sus demandas.

Botón de muestra son el hostigamiento y las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de Estado (FGE) en contra de trabajadores de la educación de la Sección XVIII del CNTE-SNTE “Poder de Base”, la persecución política contra nuestros compañeros el Prof. Jorge Ceja Ramos y la Lic. en Psicología Noemia Calles Ríos y la prisión política de comuneros de la comunidad de Nahuatzen y nuestro compañero el Prof. Leobardo Reyes Meza. También fue evidente que las incontables faltas al debido proceso y los jueces que actúan por consigna hicieron que el Nuevo Sistema de Justicia Penal conserve el carácter inquisitorio y criminalizador del anterior sistema de justicia.

Silvano Aureoles deja un estado bañado en sangre y plomo; durante su administración, el cometido de crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos, fueron sus medios para tratar de imponer la paz burguesa. Por poner un ejemplo, durante los primeros siete meses de 2021, desaparecieron mil 85 personas, “155 desaparecidos de manera mensual y cinco de manera diaria” (https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/2/en-michoacan-desaparecen-personas-diariamente-mas-de-mil-en-2021-331895.html).

La violencia de los grupos paramilitares en el estado hizo más visible el fenómeno de desplazamiento forzado, principalmente de la zona de tierra caliente; de acuerdo a las cifras del Consejo Nacional de la Población, entre 2015 y 2020 fueron desplazadas 110 mil 781 personas, producto de los “enfrentamientos” entre los grupos de la “delincuencia organizada”. Que Silvano Aureoles haya sido indolente ante este fenómeno, se debe a que fue parte de su política para brindar garantías que las empresas extranjeras puedan explotar los yacimientos de minerales que existen en esas zonas.

Su servilismo a los intereses oligarcas se vio reflejado en sus cruzadas contra el magisterio democrático durante las jornadas de lucha magisterial popular, por tal motivo, no se limitó en criminalizar a los trabajadores de educación y a ejercer la represión como aquella del pasado 30 de septiembre de 2020, donde elementos de la Guardia Nacional y la Policía Michoacán reprimieran salvajemente a los maestros de la Sección XVIII del SNTE-CNTE “Poder de Base” con el objetivo de liberar las vías férreas a petición de la Kansas City Southerm (KCS).

Hasta el fin de su administración, Silvano Aureoles se negó pagar los salarios a los trabajadores de la educación, con quienes tiene una deuda millonaria, Mientras que a los maestros democráticos de “Poder de Base” les respondió con dilación y represión, brindó cobijo al charrismo sindical para que este continuase usurpando el nombre de la CNTE y fungiese como grupo porril y esquirol.

El gobierno perredista deja una amplia lista de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, por mencionar un ejemplo, se negó a acatar la recomendación 42VG/2020 de la CNDH sobre la masacre cometida el 4 y 5 de abril de 2017 contra comuneros de Aratepacua, donde quedaron expuestas claramente las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los cuerpos policiacos: detenciones arbitrarias, tortura, ejecución extrajudicial y allanamiento de casas. Como parte de su convicción criminal y profascista, el gobierno saliente se niega a acatar la recomendación y continuó criminalizando a la comunidad.

No podemos olvidar que, para todo esto, Silvano Aureoles se valió de agentes nefastos y de vocación inhumana, como fue su ex subsecretario de Seguridad Pública, el torturador Carlos Gómez Arrieta; el inquisidor Adrían López Solís y toda su camarilla que hoy se configura como un conjunto de criminales de Estado.
El mismo Palacio de Gobierno que hoy está cubierto de rostros, consignas y de rojo escarlata, es el reflejo de lo que significaron los seis años del gobierno de Silvano Aureoles Conejo en Michoacán.

El gobierno silvanista brilló por su esencia antipopular, durante seis años, mantivo su terquedad por no atender las demandas de las comunidades indígenas campesinas, trabajadores de la educación y demás sectores populares golpeados por la profundización de la crisis estructural capitalista. Su distintivo fue el negarse a respetar el derecho de petición, la principal respuesta a las demandas del pueblo fue la dilación e demagogia.

Un botón de muestra más de la política inclusiva, justa y equitativa del silvanismo en Michoacán es la negación del derecho a la salud por medio de las cartas de no derechohabiencia, la falta de medicamentos e insumos en los hospitales públicos, favoreciendo así a la iniciativa privada para recaudar millonarias ganancias por medio del lucro.

La corrupción fue otros de los sellos del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, las cifras de la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelaron que Silvano Aureoles Conejo fue uno de los gobernadores que menos ha rendido cuentas en el manejo de recurso económico. Desde el 2019 la suma del recurso económico del cual no ha aclarado en cómo fue utilizado asciende a 821 millones de pesos. (https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/gobierno-de-silvano-aureoles-debe-aclarar-16-mmdp-a-asfmichoacanamloelecciones-6951286.html)

Dichas irregularidades en el manejo del recurso económico se concentran principalmente en cuanto a lo destinado a educación, salud y obra pública, de los cuales no se han aclarado cerca de 16 mil millones de pesos en el último año. Cantidad comparable a la deuda bancaria adquirida a espaldas del pueblo y que equivale a 20 mil millones de pesos, “es casi tres veces mayor al presupuesto asignado a la Secretaría de Salud (8 mil 249 millones de pesos) y el doble de la Secretaría de Seguridad Pública (4 mil 76 millones 246 mil pesos)” (https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/gobierno-estatal-heredara-deudas-por-27-mil-millones-7043161.html)

El eje de “educación pública de calidad y cultura para todos” se tradujo en una ofensiva constante para privatizar la educación, con tal de hacer avanzar los planes oligarcas sobre la educación, el gobierno del estado arreció su campaña de criminalización y represión contra las normales rurales y el magisterio democrático en el estado de Michoacán. Ante cada acto criminal del gobierno estatal contra quienes se oponen a la privatización de la educación pública, “Mexicanos Primero” siempre celebró la mano dura aplicada contra los espacios que “son un hervidero de política y de grilla.” (https://www.lajornadamaya.mx/opinion/147508/Silvano-Aureoles–el-normalismo-y-los-angeles)

El manejo de la pandemia del Covid-19 en Michoacán puso al desnudo el manejo político y mediático de la enfermedad, pues lejos de garantizar la salud de la población, dichas medidas de carácter facistas tuvieron como objetivo tratar de anular el derecho a la protesta, hacer oídos sordos a los reclamos de las masas populares y campesinas, negar por la vía de los hechos el derecho de petición y esconderse de la crítica política de las masas.

Los resultados de la adopción de la “Nueva Normalidad”, son desalentadores, en el caso de Michoacán, este continúa entre los estados con mayor rezago educativo junto con los estados de Puebla y Sonora ( https://www.elsoldezamora.com.mx/local/aumenta-2.3-pobreza-extrema-en-michoacan-entre-2018-y-2020-7051108.html), en ello también tiene responsabilidad Silvano Aureoles, ya que como gobernador del estado, ejecutó dichas medidas en detrimento de la educación de millones de jóvenes y niños en el estado.

Si bien Silvano Aureoles termina su cargo como gobernador, los crímenes cometidos durante su gobierno no prescriben. Los saldos totalmente desfavorables para los trabajadores del campo y la ciudad de Michoacán son la muestra clara de lo que es un gobierno burgués. Por lo tanto, el juicio y castigo a Silvano Aureoles y a toda su camarilla es una exigencia de las masas populares en Michoacán. El pueblo exige justicia, mientras esta no llegue, tiene todo el derecho a exigirla.

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