MAYAS RECIBEN AMENAZAS DE EMPRESARIOS QUE BUSCAN AFECTAR SU TERRITORIO

A pesar de ello, se  organizan y mediante consulta decidirán si se mantiene o no una enorme granja porcícola

Mérida, Yuc.- La ONG Equipo Indignación, dio a conocer que los integrantes del Colectivo Yutzil Kaj, el Concejo Maya del Poniente Chik’in Ja’ – Celestun y del  Concejo Maya del Poniente Chik’in Ja’ – Kinchil, denunciaron que han sido amenazados por su defensa de su territorio.

“Escuchen ustedes, van a recibir un escarmiento para que aprendan”. Estas fueron las palabras con las que se alejó el comisario municipal de San Fernando rodeado de un grupo de empleados de la granja porcícola ubicada en el territorio de esta pequeña e incomunicada comisaría de Maxcanú, el día que se celebró la asamblea informativa, para analizar si se permitía o no la presencia de esa empresa en el territorio maya.

Informa la ONG que los colectivos que organizaron la consulta, cuya fase consultiva final se realizará el próximo domingo, pidieron a la sociedad en general estar alerta, ya que Bernardo Canul Cocom, comisario municipal, empleado de la granja y operador político del alcalde electo de Maxcanú, “es uno más de quienes se han valido de la empresa Agroindustrias MOBA, para evitar que el pueblo de 300 habitantes, con una granja de 49 mil cerdos anuales, participe en la consulta en defensa de su territorio.

Los inconformes informan que la empresa porcícola Kekén, a la cual no le ha importado instalar y promover sus granjas sin el permiso de las comunidades, vulnerando sus derechos como pueblo maya, publicó un comunicado descalificando la consulta y diciendo que no puede participar en ésta porque no cumple con los parámetros de una consulta indígena, sin especificar cuáles.

“Para nosotros, esta descalificación es una muestra de racismo porque la consulta está organizada por el propio pueblo, lo que le otorga a este proceso la mayor legitimidad al hacerse en ejercicio de nuestra libre determinación y autonomía”, puntualizan los indígenas que defienden su territorio.

La ONG Equipo Indignación destaca que valientes mujeres han convocado y participado en todo el proceso. Asimismo, expone que la consulta, que debe ser libre, previa e informada, no puede ser previa a la instalación de las granjas porque empresas y gobierno violaron los derechos de los mayas e instalaron las granjas sin obtener su consentimiento, a pesar del enorme impacto que esa actividad industrial puede tener en su entorno.

Por ello, los afectados consideran que eso les hace incurrir en responsabilidad, “pero no descalifica nuestra consulta que tiene como objetivo saber si pueden o no continuar operando en nuestro territorio. Si el pueblo así lo determina, no podrán continuar”.

Relata la ONG que ante tal demostración de racismo el pueblo salió a la asamblea informativa el 16 de julio con los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU como observadores y la prensa local.

Condena que la misma empresa les dio el día laboral a quienes ahí trabajan y llegaron para “reventar” la asamblea que, conducida con gran habilidad por parte de los integrantes del colectivo Yutzil Kaj, logró hacer escuchar todas las posiciones del pueblo.

Los lugares reservados para quienes debían informar quedaron vacíos. Con gritos los empleados de la granja defendieron la “generosidad de la empresa por haberles otorgado un kilo de carne” recientemente.

Denuncian los indígenas que, casi al finalizar la consulta, llego el comisario ejidal y sin dejar de hablar con las personas que tenía a su lado, no quiso responder a las preguntas planteadas por los integrantes del comité frente a la asamblea.

“Así terminó el evento y al retirarnos este individuo lanzó la amenaza. Por esto y por los fallidos intentos de compra y coacción de la participación, exigimos de quienes son responsables de estas amenazas y obstrucción del derecho, que dejen de violar los derechos del pueblo maya que, aunque pareciera que a ninguna autoridad local y federal le interesa respetar, hemos hecho de su racismo la prueba más contundente de su delito”, demandan los indígenas.

Quienes, ante los hechos advierten que la vigilancia para que los derechos del pueblo se cumplan a cabalidad estará garantizada por quienes han acompañado todo el proceso, “aunque los empresarios no sepan nada de derechos de los pueblos. No nos rendimos. Nunca más sin nuestro permiso Aquí manda el pueblo”.

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