MILES DE CONCESIONES MINERAS SE HAN OTORGADO SIN PERMISO DE LOS EJIDATARIOS

ONG denuncia que esto representa una permanente amenaza para los ecosistemas forestales

Ciudad de México.- El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), denunció que en 5222 núcleos agrarios (es decir, territorios pertenecientes a ejidos o comunidades) con cobertura forestal, se han otorgado concesiones mineras en favor de empresas privadas.

Asegura que estas concesiones representan una importante amenaza para la integralidad de los ecosistemas forestales y atentan contra los derechos de las comunidades locales.

Puntualiza la ONG que estos 5222 ejidos representan el 39% de los 13 422 ejidos y comunidades agrarias con más de 200 hectáreas de bosque o selva del país. Son 12 616 las concesiones mineras otorgadas en estas tierras ejidales -sin consentimiento de sus titulares-, lo que representa el 48.2% de las concesiones mineras otorgadas en el país (26 142 en total).

“Si bien el otorgamiento de concesiones no implica, todavía, proyectos mineros activos, sí representa una amenaza al territorio, pues en cualquier momento pueden iniciarse los trabajos de exploración y posteriormente de desarrollo de minas y explotación”, reprocha la organización.

Estos datos son el resultado de la investigación cartográfica Bosques comunitarios y minería en México, elaborada por Sol Pérez, Sergio y Madrid y Leticia Merino, para el CCMSS.

Otro dato arrojado por la investigación es que esas 12 616 concesiones mineras afectan una superficie de 18.4 millones de hectáreas de territorio cubierto por bosques y selvas; muchas de ellas abarcan toda o alguna porción de la superficie de uno o varios núcleos agrarios, y de los territorios vecinos.

Expone la investigación que las concesiones mineras sobre territorios comunitarios representan un grave riesgo por las afectaciones que tienen las actividades mineras sobre los ecosistemas forestales y una enorme amenaza para los derechos comunitarios y el potencial social y ambiental con que cuenta el país para desarrollar economías locales a partir del aprovechamiento forestal sustentable.

“Apelando al discurso de que se debe promover el desarrollo y empleo y, bajo la errada tesis de que el empleo asalariado en las minas reducirá la pobreza, el Estado mexicano en los hechos lo que hace es impulsar la reproducción y ex­pansión del capital a partir del extractivismo, sin tomar en consideración otras visiones y valores y permitiendo graves afectaciones ambientales y sociales”, reprocha la ONG.

De acuerdo con el análisis, a la fecha existen 342 proyectos mineros activos en 356 núcleos agrarios con cobertura forestal, de los cuales 248 están en exploración, 14 en desarrollo, 66 están operando y 14 están suspendidos.

Puntualiza el CCMSS que la minería destruye las áreas forestales, sobrexplota y contamina las fuentes de agua, también contamina el aire y los suelos y destruye el paisaje y los ecosistemas, a menudo de forma irreversible. “Estos impactos representan para las empresas externalidades que otros deben asumir, a partir de un marco legal fuertemente permisivo que no considera siquiera la destrucción ambiental, ni la violación de derechos humanos y laborales como causas de cancelación de concesiones”.

Afirma que las facilidades que el Estado mexicano otorga a las empresas mineras tienen como base el artículo 6 de la Ley Minera, que define a la minería como actividad de utilidad pública y preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. Asimismo, el artículo 19 de esa ley otorga derechos a los titulares de concesiones mineras para obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos más allá de los derechos de propiedad previos a que estén sujetos. Ese mismo artículo otorga a los concesionarios acceso preferente al agua, aún en regiones que padecen estrés hídrico.

La ONG destaca que ambos artículos de la Ley Minera resultan violatorios de la Constitución (artículos 2, 6 y 27 constitucionales) y de diversos acuerdos internacionales signados por México (Convención 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas, entre otros), los cuales protegen los territorios de las comunidades y pueblos indígenas y equiparables, así como su derecho a la libre determinación y al manejo de sus bienes comunes.

De ahí, considera, que es fundamental modificar la Ley Minera y proteger los derechos de las comunidades y ejidos dueños de los territorios forestales. “En las regiones forestales de México hay importantes casos paradigmáticos de buen manejo de los territorios que es importante reconocer y fortalecer. El manejo sustentable de los territorios es realmente una actividad de interés público que genera desarrollo local, empleos y garantiza la conservación de los ecosistemas y todos los beneficios que ellos brindan, en el presente y a largo plazo”.

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