Se dijo que muchos de los ataques son promovidos por funcionarios públicos
Tijuana, BC.- La ONG Espacio OSC dio a conocer que los días 17 y 18 de mayo se llevó a cabo en la ciudad el sexto diálogo estatal para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes de Gobierno del Estado de Baja California, del Congreso local del estado, la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Explicó que este diálogo se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit y Morelos, con el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección, ahora en el contexto específico de Baja California.
Durante la discusión, informó, las personas defensoras y periodistas condenaron los asesinatos cometidos en Baja California durante 2022, siendo los más recientes el asesinato del foto periodista Margarito Martínez y la periodista Lourdes Maldonado, ocurridos los días 17 y 23 de enero, respectivamente, en Tijuana.
Agregó que también los participantes dieron a conocer que ataques a la vida e integridad, acciones de racismo y xenofobia, discursos de odio, agresiones físicas y digitales, despojo de tierras, amenazas, campañas de desprestigio y falta de transparencia son algunos de los obstáculos y riesgos diferenciados que enfrentan mujeres periodistas, colectivos de búsqueda, atención y protección de la población migrante, de defensa del agua, el territorio y el medio ambiente.
“Muchas de esas violaciones a derechos humanos y obstáculos a la labor son cometidas y promovidas por parte de funcionarias o funcionarios públicos de manera directa e indirecta, así como en colusión con el crimen organizado”, dijeron los asistantes.
Además, señalaron que la falta de investigación e impunidad son otra forma de violencia que limita la labor, al no sancionar los delitos cometidos en contra de personas defensoras y periodistas.
De igual forma, manifestaron la necesidad de contar con perfiles idóneos de las y los servidores que dan atención en el mecanismo de protección, fiscalías, comisiones de atención a víctimas y comisiones de derechos humanos del nivel federal y estatal, procedimientos claros, flujogramas con tiempos e instituciones obligadas, recursos humanos y financieros suficientes y un servicio profesional de carrera.
Las y los participantes lamentaron la falta de difusión de la convocatoria para que personas defensoras y periodistas de otros municipios participarán, lo que limitó su asistencia al diálogo presencial o vía remota. También cuestionaron la ausencia de funcionarias/os públicos que tienen un deber de protección, como el Secretario General de Gobierno de Baja California, la Fiscalía Estatal del Estado y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.
Asimismo, demandaron transparencia y mayor difusión sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos recién instalado en Baja California.
Respecto a las demandas, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y Melba Adriana Olvera, Subsecretaria de Derechos Humanos de Baja California, se comprometieron en conjunto a dar difusión de los lineamientos y el Decreto de creación del Mecanismo Local e impulsar procesos de capacitación a las y los servidores públicos, personas defensoras y periodistas de Baja California.
Las personas asistentes hicieron énfasis en la necesidad de reconocer la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas e hicieron un llamado a generar acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad en los delitos, a través de la creación de oficinas estatales de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), para que el Estado atienda su deber de investigar y tenga en cuenta las particularidades del contexto de Baja California. Además invitaron a no caer en actos y discursos de odio que fomentan la estigmatización desde el Poder Ejecutivo Federal y Estatal.
Por lo anterior, diversas organizaciones, colectivos/as de derechos humanos, personas defensoras y periodistas, hacen un llamado a las instancias de Gobierno Federal y Estatal a implementar acciones urgentes ante la grave situación de violencia y falta de garantías para ejercer el derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión en Baja California.
Además llamaron a seguir fortaleciendo los diálogos y consultas con comunidades rurales, indígenas y periodistas que realizan su labor en zonas de mayor riesgo en el estado, mismas que son fundamentales para la construcción de una ruta, creación e implementación de una política pública integral en Baja California y en el país.