Ese consorcio busca abrir una mina en Perú, que hasta el momento ya ha costado la vida de 9 personas
Ciudad de México.- La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” y decenas de ONG’s mexicanas de defensa de derechos humanos y del medio ambiente, enviaron una misiva al Ing. Martín Vizcarra Presidente Constitucional República del Perú, mediante la cual le expresan que están “enteradas de lo que ocurre en Perú respecto a la situación de conflictividad social provocada en el valle de Tambo, de la región Arequipa, por el desarrollo del proyecto minero Tía María, de la empresa Southern Copper, cuyo accionista mayoritario es Grupo México”.
Informan al mandatario sudamericano que Grupo México tiene un largo historial de actos negligentes, impunidad, impactos socioambientales y violaciones a derechos humanos laborales en México y en diversas partes del mundo.
“Esta corporación se caracteriza por sus malas prácticas y falta de respeto a las normas ambientales, sociales, laborales, de salud y de seguridad y, sobre todo, a la falta de cumplimiento de los acuerdos para la remediación de los daños que ha causado”, exponen los activistas.
Sólo por mencionar algunos ejemplos, citan el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre ocurrido en 2014 que afectó a 22 mil personas quienes, a cinco años del peor desastre ambiental minero, reconocido por el mismo gobierno mexicano, siguen exigiendo justicia y reparación por los daños causados a la salud, al medio ambiente y al agua contaminada con metales pesados.
Esta situación, abundan, ha sido expuesta ante autoridades nacionales e internacionales, inversionistas y el máximo tribunal de justicia de nuestro país. “El Fideicomiso Río Sonora, creado para resarcir los daños, sólo ejerció 61% de los recursos comprometidos antes de ser cerrado, y de las 36 plantas potabilizadoras prometidas apenas funcionan unas cuantas. La clínica anunciada para atender los daños a la salud tampoco fue construida”.
Además, subrayan los firmantes de la misiva, en las zonas afectadas por este derrame hay índices de desarrollo de cáncer cinco veces más altos que en 2014.
Recuerdan que en 2006, 65 trabajadores murieron al quedar atrapados tras una explosión resultado de la acumulación de gas metano en la mina Pasta de Conchos, operada por Grupo México, que tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000.
“Apenas este año, en respuesta a la demanda continuada de las familias de los mineros, y luego de que el caso fuera admitido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2018, el Ejecutivo dispuso acciones que se espera conduzcan al rescate de los restos de los trabajadores que la empresa se ha opuesto a recuperar todos estos años”, denuncian los activistas.
Luego de lo cual agregan que recientemente, Grupo México también ha sido responsable de varios derrames de sustancias tóxicas y peligrosas en suelo y mar. “Además, debido a la falta de medidas de seguridad y garantías laborales también se han podido documentar diversas huelgas de trabajadores en los países donde opera”.
Por ello, dicen que se solidarizan con la población de valle de Tambo, quienes ya están sufriendo los impactos negativos de la presencia de Grupo México, en forma de un conflicto violento que ya ha cobrado nueve vidas y dejado decenas de lesionados, además de conducir a la criminalización de personas que únicamente están defendiendo sus derechos humanos.
“También sabemos que el proyecto que pretende realizarse en uno de los valles más importantes del sur del Perú, es cuestionado técnicamente por impactos que generaría en las actividades económicas locales, en las fuentes de recursos hídricos y con ello en la vida y la salud de la población”, puntualizan los firmantes.
“En distintas regiones de nuestro país hemos sufrido las acciones de Grupo México y no queremos que más gente sufra las mismas consecuencias. Por eso, consideramos fundamental alertarle a usted y a la sociedad peruana de la criminal e impune forma de operar de esta corporación”, recalcan los activistas.
Finalmente, mencionan que enterados de que en los próximos días el gobierno de Perú tomará una decisión sobre la construcción del proyecto minero Tía María, “las organizaciones firmantes hacemos un llamado a su gobierno para que se pronuncie a favor de la vida y la paz, respetando la decisión del pueblo del valle de Tambo, que en 2009, a través de una consulta vecinal- dijo NO a la minería y SÍ a la agricultura, y rechace el otorgamiento de cualquier licencia o concesión a la empresa Southern Copper”.