Familiares de las víctimas denuncian los hechos y buscan que todos los involucrados enfrenten la justicia
Ciudad de México.- Nadin Reyes Maldonado, dirigente del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, informó que el pasado 6 de octubre los familiares de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; fueron notificados acerca de la decisión de la Juez Primero de Distrito con sede en Jalisco, de dictar auto de libertad a uno de los 7 detenidos, Albino Sánchez Osorno, por considerar que no se encuentran elementos suficientes para consignarlo por el delito de desaparición forzada cometido en contra de sus consanguíneos.
Puntualiza la activista que Albino Sánchez Osorno, era Agente Ministerial de la Fuerza Policial de Alto Rendimiento (FPAR) en el año 2007, grupo especializado formado por el ex Procurador Evencio Nicolás Martínez, para investigar a grupos revolucionarios y disidentes.
Según las investigaciones, Albino junto con más policías, además de los que ya se encuentran detenidos, estuvieron presentes en el momento en que Gabriel y Edmundo fueron detenidos desaparecidos.
Por ello, Reyes Maldonado asegura que se tendrá que investigar ampliamente a esta persona, antes de dictar su auto de libertad por este tema, quien además es importante mencionar, se encuentra detenido ya en Veracruz, pugnando una condena de 30 años de prisión, por actos de delincuencia organizada desde el 2010.
“Ante esto, como familiares hemos solicitado la impugnación de esta determinación, ya que consideramos es necesario investigar a fondo su responsabilidad en los hechos, así como todo lo que este sabe en relación a la desaparición forzada de nuestros familiares”, expresaron los inconformes.
Además de lo anterior, los familiares de los luchadores sociales denuncian que aún siguen sin ser detenidos el ex procurador Evencio Nicolás Martínez y Pedro Hernández Hernández, “quienes aprovechándose de las redes de corrupción y complicidad con las que cuentan en el Estado de Oaxaca, fueron avisados de las ordenes de aprehensión, antes de que estas se ejecutaran, hecho que permitió que estos huyeran y actualmente se encuentren prófugos”.
Por lo que también exigen la investigación y destitución de aquellos servidores públicos en activo, que resulten responsables de filtrar esta información, “dado que proteger e impedir que se imparta justicia también es un delito y deben ser sancionados”.
“Llamamos a quienes tengan información al respecto, para que los denuncien y se finquen las responsabilidades correspondientes”, expresaron los denunciantes.
Luego de lo cual señalaron que, como familiares de los luchadores sociales, junto con el acompañamiento de sus abogados y organizaciones de defensa de derechos humanos, “no permitiremos que las personas que son responsables queden impunes, se interpondrán todos los recursos que se tengan a nuestro alcance para que los responsables sean enjuiciados y castigados con forme a la ley”.
Asimismo, aseguraron que continuarán con la exigencia del juicio y castigo para todos los responsables, “militares, marinos y altos mandos que participaron en la comisión de este crimen de Estado cometido en contra de Gabriel y Edmundo”.
Comentaron que el proceso sigue y aún están a la espera de la sentencia definitiva que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “la cual exigimos sea a favor de nuestros familiares y de todas las víctimas de desaparición forzada en el país. La impartición de justicia debe ser plasmada en hechos y nosotros no desistiremos hasta que esta se cumpla”.
Cabe señalar que Edmundo Reyes Amaya es un revolucionario reivindicado por el PDPR-EPR, detenido desaparecido junto con su compañero Gabriel Alberto Cruz Sánchez el 25 de mayo de 2007, en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, por elementos de la policía y militares. Crimen de Estado y de lesa humanidad cometido por el Estado mexicano para castigar sus convicciones ideológicas y su forma de lucha.