Posteriormente, al denunciar los hechos las autoridades los encarcelan
Querétaro, Qro.- Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, informan que tres defensores del agua en Santiago Mexquititlán acudieron a la Fiscalía del Estado, a denunciar la emboscada en su contra por parte de representantes y candidatos del PAN en Amealco, el 25 de abril.
Agregan que alrededor de las 11 de la noche del citado día, Leobardo Pineda, junto a su cuñado y su esposa, Alberto Pantaleón y Plácida Pantaleón, se dirigían del Lindero de San Francisco, en Santiago Mexquititlán, hacia la toma del pozo en barrio IV que la comunidad tiene en su poder, desde el 31 de marzo, para exigir que en el pueblo haya agua; cuando fueron atacados a balazos desde una camioneta de la policía municipal y dos unidades más.
En la emboscada, resultaron heridos de bala Leobardo Pineda y Alberto Pantaleón.
El 12 de mayo, Leobardo y su familia, convencidos de que se trató de un acto de intimidación del ayuntamiento para menguar su participación en la lucha comunitaria para la defensa de su agua, decidieron ir a presentar una denuncia ante la Fiscalía en contra de quienes ellos identifican como los autores intelectuales de dichas agresiones.
Sin embargo, lejos de encontrar justicia, la familia fue aprehendida. Las autoridades los retuvieron sin orden de aprehensión y los trasladaron a prisión.
Sólo la movilización de su comunidad organizada logró el jueves 13 de mayo su liberación. Hasta este momento, ni el Ayuntamiento de Amealco ni las personas señaladas como autores intelectuales han emitido declaraciones para desmentir las acusaciones de Leobardo y su familia. Asimismo, la Fiscalía General del Estado no se ha pronunciado sobre la liberación de la y los indígenas hñöñhos o otomíes.
Al respecto cabe señalar que integrantes de la comunidad otomí de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, Querétaro, denuncian que han sido víctimas de agresiones e intimidación por parte de autoridades municipales, a más de un mes de que tomaran el pozo de agua para impedir el saqueo de empresas privadas.
Sara Hernández, integrante de la comunidad, denunció en conferencia de prensa desde la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la Ciudad de México, distintos hechos de violencia hacia la comunidad cometidos por parte de autoridades, tales como amenazas de muerte, fabricación de delitos, presencia de grupos de choque, así como balaceras en distintos lugares de la comunidad y, aseguró que son “herramientas de persecución política e intimidación”, además de una falta de disposición al diálogo para resolver el conflicto.
Durante la conferencia, Hernández señaló que la escasez de agua y los cobros elevados continúan desde hace tres meses, lo que calificó como violaciones a su derecho a la salud, la vida y la sobrevivencia.
Aseguró que no hay respuestas por parte de las autoridades para resolver la problemática de la escasez y saqueo de agua.
Cabe recordar que desde el 31 de marzo, los habitantes de Santiago Mexquititlán se instalaron en un campamento alrededor del pozo para administrar el agua y evitar que pipas se la llevaran mientras escaseaba en la comunidad.
Para la gente del pueblo, la escasez de agua no se debe solo a la mala infraestructura pluvial, sino al “saqueo” que empresas privadas han hecho del líquido con el amparo de la CEA.
Ahora, denuncian los indígenas, grupos ligados a los actuales candidatos panistas en el municipio de Amealco, han orquestado las amenazas en contra de estas defensoras comunitarias.