Junto con ella, fue detenida líder de comerciantes que encabezó una protesta pública contra esa autoridad
Guatemala, Guatemala.- La ONG Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, dio a conocer que al lado de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, redes de periodistas, medios de comunicación y periodistas, emitieron un comunicado para condenar y manifestar su profunda preocupación por la detención y las graves violaciones al debido proceso de la comunicadora maya Kʼicheʼ Anastasia Mejía Tiriquiz y de la defensora Petrona Siy Castro.
Relata que el pasado 22 de septiembre, la directora maya Kʼicheʼ del medio comunitario Xol Abaj, Anastasia Mejía Tiriquiz, fue detenida junto con la defensora Petrona Siy Castro en las instalaciones de dicha radio, ubicada en el municipio de Joyabaj departamento de Quiché, en la República de Guatemala.
La comunicadora fue acusada por los presuntos delitos de sedición, atentado con agravantes específicas, incendio agravado y robo agravado, después de realizar la cobertura periodística de una manifestación en contra de Florencio Carrascosa Gaméz, alcalde municipal de Joyabaj, el pasado 24 de agosto.
Relata la ONG que dicha protesta estaba encabezada por pobladores y comerciantes que denunciaron prácticas clientelares en la administración destinada a atender la contingencia de la COVID 19 en la localidad, así como el uso de violencia institucional y violencia psicológica contra comerciantes.
Durante la concentración, fue dañado el edificio municipal y destruidos mobiliario y documentos; estos hechos fueron narrados por la periodista a través de una transmisión en vivo del medio de comunicación Xol Abaj TV, misma en la que la periodista manifestaba que este tipo de actos de corrupción y racismo contra la población son recurrentes en la actual administración del alcalde.
Son estos eventos los que llevaron al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de El Quiché, a determinar una orden de aprehensión emitida contra 12 personas, entre ellas Anastasia Mejía Triquiz y la líder local de comerciantes Petrona Siy Castro.
Girada esta orden de aprehensión, es que el 22 de septiembre, alrededor de las 21:00 horas, fue detenida la periodista y posteriormente allanada la emisora de radio y TV Xol Abaj por parte de elementos de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil de Guatemala.
De acuerdo con la información proporcionada por su representación legal, Anastasia Mejía Triquiz se encuentra en prisión preventiva en el departamento de Quetzaltenango desde hace 27 días.
Pese a que la ley guatemalteca establece que la audiencia inicial debe realizarse en menos de 24 horas después del arresto, no se ha procedido en la toma de su declaración y se sigue aplazando la audiencia inicial para determinar la situación legal de la comunicadora.
Cabe resaltar que, en Guatemala, no está tipificado el delito contra la libertad de expresión, por lo que son pocas las investigaciones que atienden delitos contra periodistas.
“Por el contrario, hay un uso del derecho penal para inhibir la labor periodística y criminalizar el ejercicio informativo de mujeres periodistas y defensoras, lo cual, atenta contra el derecho a la libertad de expresión y el derecho humano de las mujeres a comunicar”, reprocha la organización que denuncia los hechos.
Luego de lo cual comenta que aunque hay organizaciones civiles en el país que han documentado el uso de las leyes para intimidar o censurar a los periodistas, y en el poder legislativo ocasionalmente se introducen leyes que debilitan o revierten las pocas garantías que tienen los periodistas, no existe un marco que los proteja de manera efectiva.
De acuerdo al Informe especial sobre la libertad de prensa en Guatemala, que publicó la organización CPJ en marzo de este año, se reconoció que las y los periodistas rurales e indígenas corren un mayor riesgo de ser atacados por grupos criminales y funcionarios, además de ser víctimas de actos de discriminación por género, raza e identidad étnica.
Asimismo, tal como lo abordó ARTICLE 19 en su informe “Bajo Sentencia: La censura en Cuba, Guatemala y Honduras”, en Guatemala existe una criminalización y persecución judicial constante hacia los periodistas lo cual ha generado un efecto inhibidor que ha trascendido a generaciones de periodistas y medios hasta el día de hoy. Como se señala en dicho informe, el marco legal vigente en Guatemala habilita la posibilidad de utilizar el derecho penal para atacar a los periodistas.
De acuerdo a la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019 de la organización Reporteros Sin Fronteras, Guatemala se localiza en el puesto 116, esto refiere a una situación crítica entre la prensa y el actual gobierno, sobre todo cuando se trata de prensa crítica que denuncia casos de corrupción en los que están implicados políticos y gobierno con actores de crimen organizado.
Por todo lo anterior, las organizaciones defensoras de derechos humanos, redes de periodistas y comunicadoras que apoyan esta denuncia, exponen lo siguiente:
-Instamos a la Dra. María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, a la Magistrada Silvia Patricia Valdés, Presidenta del Organismo Judicial y Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Oliverio García Rodas Ministro de Gobernación y al Licenciado Luis Rodolfo Escobar, Director General de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), a que aseguren la liberación inmediata de Anastasia Mejía Tiriquiz y de Petrona Siy Castro.
-Denunciamos las graves violaciones a las garantías del debido proceso de la periodista Anastasia Mejía Tiriquiz y la defensora Petrona Siy Castro, llamamos a las autoridades competentes a facultar la presunción de inocencia, así como su derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas y con perspectiva de género.
-Hacemos un llamado a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala a pronunciarse sobre el caso y en la medida de sus atribuciones, emitir las medidas conducentes para proteger a las personas violentadas en este caso.
-Urgimos a las instancias de derechos humanos e internacionales que correspondan para comenzar una investigación sobre las violaciones de derechos humanos y la emisión de medidas cautelares para proteger y garantizar el debido proceso.
-Exigimos el cese inmediato de todo acto de criminalización y discriminación interseccional que busca socavar la credibilidad, humillar y disuadir a la periodista de continuar su labor informativa
-Llamamos a instalar un grupo de trabajo con el gobierno municipal de Joyabaj, el gobierno de Guatemala, organismos internacionales de derechos humanos, organizaciones de sociedad civil y periodistas, para implementar acciones que ayuden a fomentar un clima en favor de garantizar el derecho a defender los derechos humanos y la libertad de expresión.
-Instamos al gobierno Guatemalteco a adoptar las recomendaciones de los Tratados y Convenciones Internacionales como la CEDAW, para generar medidas de carácter estructural que permitan eliminar todo tipo de formas de discriminación y violencia contra las mujeres.