UN SALDO DE 11 MUERTOS Y CERCA DE 1500 DETENIDOS, ES EL SALDO DEL AUMENTO AL TRANSPORTE EN CHILE

AI exige que el ejército se retire de las calles y denuncia cientos de casos de tortura contra los inconformes

Ciudad de México.- La organización AMNISTÍA INTERNACIONAL (AI), ha iniciado una campaña para pedir a ciudadanos de todo el mundo, que envíen cartas al presidente chileno, Sebastián Piñera, por la ola de represión y muerte que se ha desatado en esa nación, desde el 18 de octubre, cuando decidió aumentar el precio del transporte público, lo que provocó una oleada nacional de rechazo a la medida.

AI informa que  miles de personas se manifiestan en Santiago contra la subida del precio del transporte público, considerada otra medida que afecta negativamente a los derechos económicos, sociales y culturales en Chile.

Condena que por ello, el gobierno decretó un estado de emergencia que permite al ejército ejercer labores policiales y establecer un toque de queda.

Relata que los informes iniciales hablan de detenciones masivas, decenas de personas sometidas a tortura o malos tratos, algunas personas heridas de gravedad y algunas muertas en el contexto de incidentes violentos.

“Pedimos al presidente que aborde las demandas que subyacen tras las protestas, que respete el derecho de reunión pacífica, que deje de usar al ejército para controlar las protestas y que cumpla las normas relativas al uso de la fuerza”, solicita la organización.

Cabe recordar que unos días después de que se anunciara un incremento de los precios del transporte público, lo que vino a sumarse a las políticas acumulativas que suponen una carga para grandes sectores de la sociedad chilena, miles de personas se movilizaron en la capital, Santiago de Chile, para reclamar que se elimine ese incremento y que se aborden los problemas históricos que afectan a los derechos económicos, sociales y culturales en Chile.

Tras algunos episodios de violencia en las calles, el gobierno decidió suspender el servicio de transporte público y decretó un estado de emergencia el 18 de octubre.

Según el decreto, la Jefatura de la Defensa Nacional de Chile tomó el mando de las operaciones de seguridad pública, con poder para adoptar medidas adicionales destinadas al control policial de las manifestaciones.

Una de las primeras medidas, dictada el 19 de octubre, fue imponer un toque de queda en el área metropolitana de Santiago y otras ciudades. El toque de queda no se ha levantado.

Hasta ahora, el alcalde de Santiago ha cifrado en 11 el número de personas muertas en incidentes violentos en el contexto de las protestas, y las organizaciones locales de derechos humanos hablan de 1.333 personas detenidas, 88 heridas por arma de fuego, e innumerables informes de tortura y malos tratos, entre otras violaciones de derechos humanos.

El presidente Sebastián Piñera declaró el 20 de octubre que los partidos políticos acordarían rápidamente una nueva ley para detener el incremento del precio del transporte público, pero manifestantes y movimientos sociales piden medidas significativas que den lugar a un nuevo contrato social o las protestas continuarán.

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