Columna Invitada
Cuernavaca, Mor.- Este 26 de diciembre no se llevará a cabo la peregrinación de los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa rumbo a la Basílica de Guadalupe por razones de contingencia debido a la pandemia. Pero no se abandona la lucha por lograr que haya verdad y justicia para los 43 y miles de personas desaparecidas en todo el país.
A 32 años de la desaparición forzada de José Ramón García Gómez, el 16 de diciembre de 1988, en Cuautla, Morelos, se entregó oficio de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos a la Comisión de Búsqueda para que lo incluya en su base de datos y abra una investigación histórica para esclarecer su paradero y que nunca más ocurra.
Hacia finales de 2020 buscamos los múltiples significados de la luz. La que ilumina el camino de las y los desaparecidos. La que hace brillar la sonrisa de familiares cuando encuentran alguna noticia que alimente la esperanza de hallarlos con vida. La luz que rasga el velo de la noche. La que aparece de repente en medio del agua cristalina de la fuente. Y si en el ardiente amanecer del mundo se dibuja una sonrisa en tu rostro, será que merecemos gozar por lo que hemos luchado y amado.
Es verdad que la pandemia hace aflorar lo mejor y lo peor de las personas. La solidaridad con quienes sufren y lloran, es alimento para el alma. Las campañas de odio contra el que rompe las reglas impuestas, es el peor ejemplo de la intolerancia.
Sé que para algunos la memoria es corta, pero para otros, es una muestra de dignidad y congruencia.
Por ello, las organizaciones integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética demandamos a la Comisión de Búsqueda para que incluya el caso del compañero José Ramón García Gómez como lo exige la CIDHM.
Recordemos que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que no prescribe a pesar de que pasen los años, mientras no se esclarezca su paradero y se haga justicia, tal como lo establece la Convención en contra de la desaparición forzada de la ONU.
El compañero José Ramón fue desaparecido por elementos policíacos y después de 32 años se mantiene en la impunidad y sin que haya sido localizado. Es el mismo caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014 y que seguimos acompañando a sus familiares hasta lograr que haya verdad y justicia.
Porque no olvidamos a José Ramón y a los 43 de Ayotzinapa, nos sumamos a la exigencia de que, si vivos se los llevaron, ¡vivos los queremos!
La Comisión de Búsqueda de personas desaparecidas del Estado de Morelos, debe llevar a cabo todas las actividades y tareas conducentes a lograr el esclarecimiento de su paradero y conocer la verdad de lo ocurrido, para obtener la justicia largamente pospuesta y permita sentar las bases para que se apliquen políticas que garanticen que no haya repetición de casos de desaparición forzada cometida por elementos del Estado.
A pesar del paso de los años actualmente quedan dos detenidos en Atlacholoaya, sin embargo, no han sido sentenciados por el delito de desaparición forzada, por lo que hasta la fecha este caso permanece en la impunidad. Es por ello que no podemos permitir que casos como el de la desaparición de José Ramón queden en el olvido, ya que dicho delito es considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima.
Su caso debe ser incorporado, ya que nunca se ha localizado y de acuerdo al mandato que tiene la Comisión de Búsqueda, debe dar cumplimiento a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, reconociendo que la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas señala que por esta última se entiende al arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
En este sentido, abrir una investigación histórica sobre la desaparición forzada en Morelos, será la forma de reconocer que a 32 años de la desaparición de José Ramón no haya más impunidad, que la verdad y la justicia vayan de la mano y que nunca más se vuelva a repetir esta represión política contra activistas y luchadores sociales.
Es lo que también han señalado padres y madres de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, quienes saludan la voluntad política de avanzar en las investigaciones y la detención de un militar, así como las órdenes de aprehensión dictadas contra decenas de posibles responsables de la desaparición en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, pero seguirán movilizándose hasta lograr recuperar con vida a los estudiantes desaparecidos.
El papel del Ejército en las desapariciones debe ser investigado a fondo, ya que mientras haya impunidad se mantendrán cerradas las prisiones militares y ocultos los archivos del terror que se impuso desde los años 70s hasta la actualidad.
Si bien es cierto que hay ahora una mayor conciencia y preocupación por los derechos humanos en la sociedad que cuando empezamos nuestra lucha por la presentación de los desaparecidos, en Morelos es fundamental que se aplique de manera eficaz la ley en contra de la desaparición forzada, se apliquen los mecanismos de búsqueda y localización de personas desaparecidas y se termine con la criminal práctica de la detención-desaparición forzada por parte del gobierno y las corporaciones policiacas y militares.
No hay lucha perdida más que la que se abandona. Al cumplirse 32 años de la desaparición forzada de José Ramón García Gómez en Morelos no olvidamos y seguimos exigiendo verdad, justicia y castigo a los culpables, para evitar que continúen las desapariciones de manera impune que ya eleva el número de desapariciones a más de 72 mil en todo el país, y un proceso de militarización de la seguridad pública que podría disparar la cantidad de desapariciones forzadas de activistas y ciudadanos.
La desaparición forzada de José Ramón García Gómez fue un operativo de Estado orquestado desde las alturas del poder para golpear al movimiento contra el fraude electoral salinista de 1988, como lo recuerda el PRT Morelos.
Por ello, sumamos nuestra voz para apoyar la solicitud de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos a la Comisión de Búsqueda para que lo incluya en su programa durante el próximo 2021. Mientras no se apliquen políticas de protección y prevención no habrá pleno respeto a los derechos humanos.
No hay lucha perdida más que la que se abandona y no vamos a dejar de exigir que haya justicia y verdad para esclarecer el paradero del camarada José Ramón García Gómez y de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.