Por Mariana Campos/México Evalúa
Ciudad de México.- Nos enfilamos al cierre del sexenio y ya podemos ver con
claridad la forma en que se deteriora la situación financiera del Gobierno
federal. En 2023 el ritmo de crecimiento económico fue mayor al estimado,
pero de todas formas la economía pública, que se cuece aparte, cerrará
con un mayor riesgo de insostenibilidad.
A la ya conocida debilidad estructural de los ingresos públicos –en 2021 México recaudó 5
puntos del PIB menos que el promedio de América Latina–, hay que sumarle que
éstos llegarán a finales de 2024 con el peor crecimiento en los últimos cuatro
sexenios (6.5%), a pesar de lo logrado en la cobranza de impuestos.
Sin embargo, el gasto creciente que suponen las obligaciones, como las
pensiones y el pago de intereses de la deuda pública, ha generado una presión
muy grande en las finanzas públicas, de tal forma que el déficit autorizado
para 2024 escaló a niveles no vistos en décadas (5.4% del PIB).
En pocas palabras, con esto el Gobierno nos
está mostrando que carece de los recursos necesarios para financiar su gasto, y
ya no digamos para aumentarlo, lo que es deseable, ya que varios rubros que
sufrieron recortes durante el sexenio necesitan alimentarse con urgencia. La
inversión en infraestructura es uno de ellos, pero sufrió un fuerte tijeretazo
en el PEF 2024, justo cuando detonarla es de una prioridad absoluta, si
queremos aprovechar los beneficios económicos que la relocalización de la
producción (especialmente de EEUU) puede darle a México, y pretendemos adoptar
políticas capaces de contrarrestar el cambio climático.
En este contexto de grandes
presiones fiscales, las APP (asociaciones público-privadas) son una oportunidad
latente para compensar la falta de inversión en infraestructura pública.
A nivel mundial, las APP
ganan relevancia en las economías emergentes a partir de la crisis financiera
de 2008. Cuando México se sumó a la ola de inversión mediante APP, las
economías de América Latina, similares a la nuestra, ya la estaban
aprovechando.
El caso más destacable fue
el del Perú: su flujo de inversión mediante APP pasó de 0.6 a 2.1% del PIB
entre 2007 y 2015. Algo similar se observó en Brasil y Colombia. En México se
observó un incremento en el uso de este esquema alternativo a partir de la
creación de la Ley de APP: de 0.2 a 0.4% entre 2012 y 2015. Muy poco, en
relación con las economías citadas… Y de cero pesos en 2024, según identificamos desde México Evalúa. Los gastos presupuestados por concepto de APP en
realidad son pagos por contraprestaciones de las inversiones hechas bajo este
esquema en años anteriores.
Con todo y su mala situación financiera, este Gobierno ha
buscado dar un viraje al rol del Estado en la economía; se multiplican las
empresas gubernamentales al tiempo que se limita la participación privada. Con
una novedad: los nuevos emprendimientos son manejados por militares, con todo
el velo de discrecionalidad, que es su sello.
Lamentablemente, carecemos del marco de gobernanza
necesario para evaluar los negocios del Gobierno. Tampoco hay mecanismos para
incentivar un manejo efectivo y eficiente de las empresas estatales. En gran
medida, estas carencias han contribuido a que Pemex y CFE no sean hoy empresas
de clase mundial, y a que enfrenten obsolescencia tecnológica, falta de
inversión, exceso de pasivos y, finalmente, una erosión patrimonial que todos
los mexicanos terminaremos pagando.
Lo dicho: activar mecanismos de colaboración y asociación como las APP es un tema prioritario en la agenda de cambio sexenal.
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