Podrían quedar en libertad en próximos días, si se acepta su inocencia probada desde el inicio de su detención
Por José Dueñas
Ciudad
de México.- La ONG Todos los Derechos para Todos y Todas Red TDT, dio a conocer
que tras más de un año y medio de injusto encarcelamiento, el caso de Saúl
Rosales Meléndez y Raymundo Cahuantzi Meléndez está por llegar a su fin.
Informó
que en los próximos días el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de
Guridi y Alcocer, conformado por las juezas Aída Baez Huerta, Rossana Rubio
Marchetti y Olivia Mendieta Cuapio, resolverá el caso mediante una sentencia en
la que tiene la oportunidad de devolverles su libertad, que les fue arrebatada
el 14 de julio de 2022 por un delito que no cometieron.
Recuerda
la ONG que desde su detención, Saúl y Raymundo, junto con sus familias,
personas de su comunidad -el pueblo originario de San Pedro Tlalcuapan, en el
municipio de Santa Ana Chiautempan-, y de organizaciones defensoras de derechos
humanos, han denunciado su injusto encarcelamiento y las irregularidades
cometidas durante su proceso penal, como los siete meses que ha durado
solamente su audiencia de juicio oral, en los cuales han permanecido internos
en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tlaxcala, lejos de sus
familias y su comunidad.
A
partir del 12 de junio de 2023, se dio inicio al juicio oral 419/2022 J.O., en
el que la PGJE tuvo la oportunidad de presentar ante el Tribunal de
Enjuiciamiento pruebas para demostrar la participación de Saúl Rosales y
Raymundo Cahuantzi en los hechos en los que lamentablemente perdiera la vida
una persona el 15 de abril de 2022, durante las fiestas religiosas de Viernes
Santo en San Pedro Tlalcuapan, como consecuencia de un linchamiento. Sin
embargo, esto no fue así, ya que únicamente se logró acreditar que el hecho
ocurrió, pero no la participación de Saúl y Raymundo en él.
Por
el contrario, las pruebas presentadas por los defensores ambientales nahuas
demuestran que ese día desarrollaban sus actividades como presidente de
comunidad, en el caso de Saúl, y como mayordomo de la iglesia de su comunidad,
en el de Raymundo, y que no participaron del linchamiento que la PGJE pretende
atribuirles.
Como
presidente de comunidad, Saúl Rosales hizo todo lo posible para salvaguardar la
integridad del ahora occiso, pero no fue suficiente ante el tumulto de personas
enardecidas por la inseguridad que es una constante en la zona, sumado a la
inacción de las autoridades de los tres órdenes de gobierno -municipal, estatal
y federal- quienes se encontraban en el lugar, pero no intervinieron.
En
el caso de Raymundo, quien además de ser mayordomo es Tiaxca o hermano mayor de
su comunidad, no estuvo en ningún momento en el lugar de los hechos, pues se
encontraba recibiendo alimentos en la casa de una persona de la comunidad, en
compañía de las personas que lo acompañaban al estar encargado del palio de
Jesús, lo que quedó acreditado en el proceso penal con los testimonios de
distintos pobladores de San Pedro Tlalcuapan.
Este
caso, considera la Red TDT, es percibido por la comunidad y los colectivos en
defensa de los bosques de la región como un acto de criminalización con el que
se intenta frenar la defensa del bosque, ya que Saúl Rosales y Raymundo
Cahuantzi son reconocidos por su labor en defensa del bosque de la montaña
Matlalcuéyetl o La Malinche, como también es conocida.
Condena
la organización que a pesar de no contar con pruebas suficientes, la PGJE
persiste en su acusación contra Saúl y Raymundo, a través de la que pretende
que se les imponga una pena de cincuenta años de prisión por el delito de
homicidio calificado.
Por ello, considera laONG,amparados en los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo del Sistema de Justicia Penal de nuestro país, que consisten en que toda persona se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia dictada por un órgano jurisdiccional, y que en caso de duda razonable se debe absolver al acusado, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer debe decretar la inmediata libertad de Saúl Rosales y Raymundo Cahuantzi, para que regresen con sus familias, su pueblo y el bosque que tanto les ha dado.
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