El gobierno de Andorra la acusó de atentar contra la imagen de las instituciones y gobernantes
Por Nataly Rivas
Londres,
Inglaterra.- “La absolución de la activista por el derecho al aborto Vanessa
Mendoza Cortés de los cargos de difamación es una victoria importante, aunque
nunca debió haber sido acusada”, declaró Amnistía Internacional tras la
decisión judicial referida.
En una declaración pública conjunta con
el Centro de Derechos Reproductivos, Women’s Link Worldwide y Front Line
Defenders, las organizaciones aplauden la decisión de absolver a Vanessa
Mendoza Cortés y recuerdan a las autoridades que ésta no debe ser objeto de
nuevos actos de intimidación ni de represalias por desempeñar su importante y
legítimo trabajo de derechos humanos.
“La absolución defiende el derecho a la
libertad de expresión de Vanessa Mendoza Cortés y reafirma la legitimidad de
los esfuerzos de todas las personas que defienden los derechos de las mujeres y
los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, Vanessa Mendoza Cortés ha
pagado un alto precio por defender los derechos humanos. Ha soportado un
proceso judicial injusto y prolongado que ha durado más de cuatro años, lo que
ha afectado a su crucial labor y la de la organización a la que representa”,
señalaron las organizaciones
Asimismo, pidieron a las autoridades de
Andorra que reconozcan públicamente la legitimidad del trabajo de derechos
humanos que lleva a cabo Vanessa Mendoza Cortés.
Consideraron que las autoridades deben
tomar medidas concretas para garantizar que tanto ella como otras activistas
pueden defender los derechos humanos de las mujeres y las niñas en Andorra,
incluido el derecho a un aborto seguro y legal, sin intimidación ni temor a
represalias.
Finalmente, las ONG’s afirmaron que a Andorra
debe cumplir sus obligaciones de despenalizar el aborto y facilitar el acceso a
un aborto seguro y legal en el país”.
En este contexto, cabe recordar que Vanessa
Mendoza Cortés, presidenta de la organización de derechos de las mujeres Stop
Violències, fue acusada de difamación criminal tras manifestar su preocupación
por la prohibición total del aborto en Andorra durante una reunión del Comité
de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
para examinar el historial del país sobre los derechos de las mujeres celebrada
en 2019.
En 2020, tras una denuncia del
gobierno, la fiscalía presentó tres cargos de difamación criminal contra
Vanessa, pero, a raíz de la indignación internacional, fueron retirados dos de
los cargos que acarreaban penas de prisión. En diciembre de 2023, Vanessa
Mendoza Cortés fue a juicio acusada de “desprestigio a las instituciones”.
La acusación se basó en las disposiciones
del Código Penal andorrano que castigan la difamación de instituciones
estatales y los jefes del Estado. Según las normas internacionales de derechos
humanos, las autoridades gubernamentales y públicas deben ser legítimamente
sometidas a escrutinio o crítica pública. Las leyes que protegen frente a los
ataques a la reputación no deben estar concebidas para proteger valores
abstractos o instituciones estatales.
El injusto procesamiento de Vanessa Mendoza Cortés y los esfuerzos concertados para deslegitimar su trabajo de promoción de los derechos sexuales y reproductivos siguen un patrón global de intimidación, ataques y estigmatización de quienes defienden el derecho al aborto.
Publicar un comentario