Por CENTRO PRO DH
Ciudad de México. - Sin consejo
consultivo, omitiendo interponer acciones de inconstitucionalidad sobre leyes
federales y priorizando la emisión de recomendaciones sobre hechos de sexenios
previos, atacando a organismos y defensores de derechos humanos y periodistas,
la CNDH ha ido socavando su legitimidad.
Este 10 de diciembre, Día
Internacional de los Derechos Humanos, se conmemora el 75
aniversario de la Declaración Universal. La ocasión es propicia para hacer un
balance sobre la situación de los derechos humanos en México.
Entre otros aspectos, esto obliga a evaluar el estado que guarda la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Por ello, como lo hemos hecho cada
año en este espacio, enseguida presentamos una versión preliminar del balance
sobre la actuación de la CNDH en 2023, centrada en la parte medular de su
actuar: investigación de quejas por violaciones a derechos humanos y emisión de
recomendaciones; presentación de acciones de inconstitucionalidad; gobernanza
interna, y comunicación social. Como se verá a continuación, 2023 fue un año de más
deterioro en cada uno de estos rubros.
Sobre la emisión de recomendaciones,
hasta el 4 de diciembre de 2023 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) había emitió 238 ordinarias y 48 por violaciones graves. Pero no es en
el análisis cuantitativo sino en la revisión cualitativa donde salen a relucir
las deficiencias. Por un lado, las autoridades a las que dirigió más
recomendaciones ordinarias este año fueron el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo que en sí mismo muestra a qué temas se
dedica mayor energía institucional. Por otro, en cuanto a las recomendaciones
por violaciones graves, las autoridades que recibieron más fueron la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con 22; Secretaría de Marina
(SEMAR), con 13; Fiscalía General de la República (FGR) con 12; y la Secretaría
de Defensa Nacional (SEDENA) con 7. En este rubro, claramente
la actual CNDH concentra sus esfuerzos en mayor medida en analizar eventos
ocurridos en administraciones pasadas que en la actual. Por
ejemplo, CNDH dirigió a la SSPC 22 recomendaciones este año, de las que 12 son
contra la Policía Federal por hechos ocurridos en otros sexenios y sólo 6
versan sobre hechos de este sexenio, todos atribuibles por cierto a la Guardia
Nacional.
En cuanto a la emisión de
recomendaciones, un evento relevante a señalar de este 2023 es la
determinación de la CNDH de limitar el acceso público a recomendaciones
emitidas en años anteriores. El 28 junio de 2023, Animal
Político publicó
una nota en la que expuso que la
Comisión había eliminado de su página de internet las 2,543 recomendaciones
emitidas por el organismo entre los años 1990 y 2015. En respuesta, el 3 de
julio de 2023, la CNDH emitió un comunicado en el que confirmó que se había “suspendido
momentáneamente” la publicidad de las recomendaciones debido a que realizaría
una “versión pública” de las mismas y una vez hecho ello las volvería a subir.
En meses posteriores, la Comisión publicó en su portal versiones testadas
de las recomendaciones, en las que gran parte de la información –en ocasiones
páginas enteras– fue censurada, incluyendo aspectos tan
relevantes como la descripción de hechos. Entre las recomendaciones testadas
destacan las de casos como Tlatlaya, Atenco o Pasta de Conchos, lo que ha sido
impugnado.
Por otro lado, este año la
actual CNDH continuó cerrando quejas sin investigar exhaustivamente situaciones
del presente donde existen claros indicios de vulneraciones a derechos.
Tal es el caso de la queja interpuesta por el defensor Raymundo Ramosm quien
denunció hechos de espionaje en su contra por parte del Ejército mexicano
mediante el software Pegasus, la cual fue concluida por la CNDH en abril de este año, sin que realizara una investigación
exhaustiva con un mero informe de la Secretaría de la Defensa Nacional negando
los hechos. Para redondear su política de inacción, la CNDH se pronunció sobre las denuncias del uso
de Pegasus en el presente afirmando que había investigado “sin
encontrarse por esta Comisión Nacional elementos que presuman que el gobierno
federal, o alguna entidad del mismo, se encuentre actualmente utilizando el
sistema Pegasus, ni realice espionaje”, lo que después sirvió al Gobierno Federal para
deslindarse del tema.
Pasando al rubro de las acciones de
inconstitucionalidad, durante el año que concluye se repitió la tendencia a
interponerlas sobre todo respecto de cuestiones de índole estatal y municipal,
siendo muchas veces omisa la CNDH en activar esta facultad respecto de leyes
federales. En este sentido, aunque se presentaron 208 acciones de
inconstitucionalidad ante la SCJN, solamente se han publicado 71 en la página
web de la Comisión —las que fueron admitidas a trámite por
la Corte—, de las cuales la gran mayoría se enfoca en aspectos relacionados al
cobro de servicios por las entidades federativas y ayuntamientos.
Analizando la gobernanza interna,
2023 marcó el año en el que renunciaron todas y todos los Consejeros Ciudadanos
de CNDH en funciones. El 12 de octubre de 2023, las seis integrantes emitieron un comunicado
haciendo pública su renuncia,
señalando que su trabajo se había obstaculizado sistemáticamente. La renuncia
ocurrió luego de que denunciaran reiteradamente esta situación. Recién en
agosto de 2023, por ejemplo, señalaron que no se había sometido a su
consideración el presupuesto anual de
la Comisión, pese a que la Ley de la CNDH y su Reglamento Interno establecen
que es atribución del Consejo emitir una opinión sobre éste.
Por cuanto hace a la comunicación
social, hasta el 30 de noviembre del 2023 la CNDH había emitido más de 330
comunicados de prensa y más de 40 pronunciamientos, además de dedicar notorios
esfuerzos institucionales este año a la apertura y actualización constante de
un apartado en su sitio web llamado “Mentiras
sobre CNDH”. Ahí, la Comisión responde a medios
de comunicación o periodistas que expresan críticas a su labor, a menudo con un
tono impropio de una institución de derechos humanos, empleando adjetivos y
afirmaciones desproporcionadas.
Por ejemplo, a un reportero de Animal Político afirmó tajante que “miente”. Sobre un trabajo de un medio digital sostuvo a modo de réplica, en cinco páginas, que la información del medio era “falaz” y que el medio había
“violado flagrantemente el derecho a la información de la ciudadanía, y el
derecho de las audiencias” por ser parte de “una verdadera campaña con miras
electorales (…) que transgrede principios y normas del derecho humanitario
internacional”, además indicó que analizaría “los recursos legales a que haya
lugar” en su contra. Sobre una nota de otro portal,
contestó que la nota podría ser “contraproducente para las víctimas y
potenciales víctimas de violaciones a derechos humanos que, influenciadas por
un entorno enrarecido y premeditadamente distorsionado, puedan sentirse
desalentadas de presentar sus quejas o dar seguimiento de ellas”. Y ante otra nota del mismo medio sostuvo que éste había publicado una pieza “sin importar
si afectan el honor y la reputación de las personas, y sin reparar en las
consecuencias que sus dichos generan, porque nos exponen al odio y al escarnio
y hasta ponen en riesgo nuestra integridad y la de
nuestras familias”. Respecto de un trabajo de un periódico de circulación nacional, la CNDH sostuvo que era parte de las “campañas mediáticas en
su contra (…)” y que “toma a capricho los datos que convienen para su
intencionalidad”. Lo mismo hizo la CNDH frente a una bien fundada columna
de opinión publicada en otro portal digital por
un especialista connotado, que descalificó en una larga réplica cargada de
adjetivos.
La errática política de comunicación
de la CNDH, que es consecuencia desde luego de un direccionamiento institucional
fallido, tuvo durante el 2023 varios episodios con innegables implicaciones
sobre el ejercicio de su autonomía. Efectivamente, en su
comunicación, una y otra vez CNDH dejó de lado el cuidado de la autoridad moral
de la institución Ombusperson, para fungir más bien como caja de resonancia del
discurso político hoy predominante. Por ejemplo, en 2023 la
Comisión señaló al Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y al Instituto Nacional Electoral (INE) en diversos
pronunciamientos; destacó el de febrero de 2023, en el cual la CNDH respaldó la
iniciativa de reforma electoral y afirmó que
no se afectaba la autonomía del ente electoral pues se buscaba eliminar “los
excesos en que éste ha incurrido”.
Así también, han sido motivo
de señalamientos públicos la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Sobre la CDHCM, la CNDH respondió a un boletín en el que la
primera urgía a la segunda a tomar acciones por los operativos migratorios
realizados por el Instituto Nacional de Migración en la capital, diciendo que
había cumplido su labor y que no haría “de su trabajo un espectáculo”. En
cuanto a la CNB, la CNDH aseveró que
la extitular de la Comisión de Búsqueda, “fue omisa en rectificar la existencia
de más de un registro único con relación a una víctima y sus familiares, pese a
tener información necesaria para ello, y por la no emisión de lineamientos para
la operación del Registro Nacional”. El posicionamiento de la CNDH fue
precisamente en el mismo sentido que las declaraciones del Presidente de la República con
respecto a la anterior Comisionada, en el
contexto del impulso del Gobierno federal del Censo de Personas Desaparecidas;
además, tanto en el boletín de prensa como en la Recomendación la CNDH señala a
la extitular personalmente, lo que no ocurre respecto de los mandos de otras
instituciones cuando les dirige recomendaciones, por ejemplo, en el caso de las
Fuerzas Armadas.
La CNDH también dedicó energía a
golpetear burdamente a las instancias internacionales de derechos humanos. Así, durante 2023 la CNDH dirigió cuestionamientos a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos
Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa,
a la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ONU-DH) y al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria
(GTDA), todos en relación con las preocupaciones expresadas por estos
organismos sobre la situación del país. Especialmente lamentable fue el
extenso documento que la Comisión emitió para “puntualizar y precisar” los hallazgos del GTDA, con
el que pretendió desvirtuar las conclusiones del Grupo.
En esta misma tesitura, la
Comisión también dirigió en 2023 señalamientos contra organizaciones de
sociedad civil. Por ejemplo, en su documento sobre “Un nuevo modelo de defensa de los
derechos humanos”, que se presenta como informe
aunque es más bien un boletín de propaganda, el organismo refirió que la actual
presidencia reforzó su autonomía frente a “grupos de interés”, incluyendo a “la
exclusiva élite de los ‘abogados-defensores de derechos humanos’ más
interesados en la calificación de los organismos internacionales que en la
calificación del pueblo”. En la misma tónica, en una réplica emitida el 24 de noviembre de 2023 al referirse a la denuncia de ejecuciones extrajudiciales
que habían cometido elementos del Ejército en este sexenio, la CNDH aseveró que
organizaciones civiles trataron de imponer “agendas políticas” a través de los
medios de comunicación para influir en el curso de las investigaciones a efecto
de “satisfacer necesidades particulares, convenientes a determinados grupos de
opinión o de poder”.
Con comunicaciones como estas, sin
consejo consultivo, omitiendo interponer acciones de inconstitucionalidad sobre
leyes federales y priorizando la emisión de recomendaciones sobre hechos de
sexenios previos, la CNDH ha ido socavando su legitimidad.
Así, cuestionada y decepcionante, se enfila hacia el último año de la actual
gestión. En ese marco, es fundamental advertir desde ahora sobre el riesgo de
que busque la reelección la actual titular –o su continuidad, por otras vías,
el equipo a cargo de la Institución– dado que el marco legal que permite esta
posibilidad no ha sido reformado, aun cuando se trata de un incentivo perverso
para no ejercitar cabalmente la autonomía, como se ha acreditado una y otra vez
tanto a nivel nacional como estatal.
En materia de reformas, por
cierto, la actual CNDH no ha tocado el tema de la reelección. En
febrero de 2023, la Comisión hizo pública una propuesta de reformas a la
Constitución y a su propia Ley con el fin de realizar modificaciones para,
entre otras cosas, convertirse en “Defensoría del Pueblo”; ampliar sus
facultades en materia electoral; modificar el proceso de designación de la
titular del organismo y las integrantes del Consejo Consultivo para que sean
electas mediante mecanismos de participación ciudadana; aumentar las exigencias
y requisitos para ser consejero o consejera, y proponer que quienes lo sean
estén sujetas a la Ley de Responsabilidades Administrativas para poder ser
investigadas y sancionadas. Además, propuso modificaciones restrictivas
respecto del acompañamiento que brindan organizaciones de la sociedad civil a
víctimas. Además de que la CNDH carece de facultades para presentar iniciativas de
ley, los cambios propuestos se alejan de los estándares internacionales y de
las mejores prácticas en la materia. El cambio de denominación
de “Comisión” a “Defensoría” simplemente queda en un cambio nominal.
Son ya casi cinco años perdidos. Las repercusiones a nivel estatal son innegables, pues las
debilitadas comisiones de las entidades, a menudo subordinadas a los
gobernadores, no cuentan hoy con una instancia de referencia que tenga
liderazgo y reconocimiento nacional. Sabiendo que este derrotero no cambiará en
los meses que quedan, es fundamental comenzar a pensar la necesaria
reconstrucción de la institución Ombudsperson, que habrá de venir.
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