Ello, a pesar de que los mismos se realizan en sus territorios
Por
José Dueñas
Ciudad de México.- Aunque los proyectos de
infraestructura en México son considerados como el “motor” del crecimiento,
desarrollo y bienestar del país, no se puede pasar por alto a la gente cuyo
entorno se ve afectado por estas obras, particularmente a las comunidades indígenas
y afrodescendientes, sostuvo el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué.
El legislador del PVEM afirmó que, si bien se han
implementado en los últimos años consultas públicas, previas al desarrollo de
proyectos, para conocer todas las voces de la sociedad, éstas no son
obligatorias y en algunos ejercicios de transparencia se “obvian” a estos
sectores, que reiteradamente han expresado su deseo de opinar respecto a los
planes que se vayan a implementar en sus territorios.
Ante este vacío legal, Bolaños-Cacho presentó una
iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, a fin de incluir, en el artículo 34, la obligación de
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de implementar una
consulta pública a comunidades, pueblos indígenas y afrodescendientes, previo a
que se implementen proyectos de infraestructura en las áreas y lugares donde
habitan.
Destacó que en México habitan más de 23 millones de
personas que se identifican como indígenas o afrodescendientes, según el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía; de esa cantidad, más de 50 por
ciento coincide en que la discriminación que padecen debe ser reconocida como
un problema social y que merece una respuesta puntual.
La iniciativa, turnada para su análisis a la
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, busca
garantizar y promover el respeto a los derechos de estos grupos sociales, como
el derecho a la no discriminación, a la cultura, a la historia y, no menos
importante, a la libre determinación.
Así, por ejemplo, los grupos indígenas y
afrodescendientes podrán conocer los efectos laterales de un proyecto de
infraestructura, como el impacto ambiental, desequilibrio ecológico o daño a la
salud pública, además de información y aspectos técnicos que les sean
relevantes para tomar una decisión.
El senador también precisó que con su propuesta se
fortalece el cumplimiento de los acuerdos internacionales que México ha
adoptado, entre ellos el objetivo número 10 de la Agenda 2030, relativo a la
disminución de la desigualdad.
“En el Partido Verde reconocemos que las consultas
son un acto de justicia, un paso crucial para el desarrollo de la democracia y
la inclusión, por lo que al integrar la perspectiva de estas comunidades se
promueve una visión integral que contribuye al respeto de los pueblos
originarios”, concluyó Bolaños-Cacho.
Publicar un comentario