El caso será dictaminado este año por la CoIDH, ante la negligencia del estado mexicano
Por José Dueñas
San
Cristóbal de las Casas, Chis.- El Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de
las Casas (Frayba), dio a conocer que el pasado 18 de enero, se cumplieron 25
años de la desaparición forzada de Antonio González Méndez (Antonio), base de
apoyo zapatista, por parte del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y
Justicia (Paz y Justicia).
Por
ello, la ONG espera que este 2024, la Corte Interamericana de Derechos humanos
(CoIDH) emita su sentencia sobre el caso, ya que a la fecha, el Estado mexicano
no ha llevado a cabo la búsqueda del paradero de Antonio, “tampoco ha habido
reconocimiento claro de su responsabilidad en este crimen cometido en el marco
de una política contrainsurgente criminal”.
“Fueron
25 años marcados por la tristeza, el dolor y la ausencia de Antonio que era a
la vez luchador social, hijo, hermano, compañero de vida, y padre de 3 hijas y
un hijo. 25 años de una lucha por la verdad y la justicia encabezada con
valentía por su pareja, Zonia López Méndez (Zonia), con el apoyo de su familia.
Su camino de resistencia ha llevado a Zonia, con el acompañamiento del Centro
de derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) hasta las más altas
instancias internacionales”, recuerda la ONG.
Luego
de lo cual expresa que en junio de 2023, se celebró la audiencia del caso ante
la Corte Interamericana de Derechos humanos (CoIDH). En está ocasión, Zonia y
el Frayba reiteraron la urgencia de buscar y encontrar a Antonio, tomando en
cuenta el contexto de violencia política generalizada característica del
conflicto armado interno de los años 90 en Chiapas. La búsqueda es un primer
paso imprescindible para empezar a sanar como familia, y a la vez un acto de
reparación necesario para la sociedad chiapaneca y mexicana en su conjunto.
Además,
se exigió al Estado que reconozca su responsabilidad plena y completa en la
desaparición de Antonio a manos de un grupo que solo pudo operar en Chiapas
gracias a la complicidad activa del Estado. Paz y Justicia fungía
como uno de los brazos armados del Estado mexicano en su intento de reprimir a
movimientos sociales de Chiapas tras el alzamiento del movimiento zapatista.
A
la fecha, la familia y el Frayba siguen pendientes de la sentencia de la CoIDH,
con la esperanza de que sea una forma de obligar al Estado mexicano a asumir su
responsabilidad histórica ante un crimen de Estado que tuvo repercusiones mucho
más allá de la zona norte de Chiapas, donde radicaba Antonio. La sentencia debe
establecer elementos importantes de la verdad sobre este episodio de la
historia, además de obligar al Estado a reparar integralmente a la familia de
Antonio y a todas las víctimas de su política criminal.
De
acuerdo a la documentación del Frayba, Paz y Justicia, fue uno de
los múltiples grupos paramilitares que operaban en Chiapas, desapareció a 37
personas y ejecutó a 85 más en la región. Las acciones de contrainsurgencia
diseñadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en su “Plan de Campaña
Chiapas 94” incluyeron la formación de grupos paramilitares tras el
levantamiento zapatista de 1994. El Ejército mexicano y los paramilitares
cometieron crímenes de lesa humanidad en contra de la población indígena como
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamientos forzados, entre
otros. Estas agresiones, dirigidas en gran medida contra civiles, tenían como
objetivo ocasionar un estado de terror que impidiera el apoyo de las
comunidades a la insurgencia.
Finalmente, la ONG hace un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a no olvidar estos crímenes que implican una herida abierta para familiares y comunidades. “Recalcamos el deber del actual gobierno de garantizar la verdad, justicia y no repetición. Sus omisiones año con año profundizan los múltiples impactos en las personas sobrevivientes de la guerra de contrainsurgencia”.
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