Gobierno y empresarios buscan someterlos para imponer un proyecto minero en sus ríos
Por Nataly Rivas
Tegucigalpa,
Honduras.- La ONG Amnistía Internacional informa que cuando la presidenta de
Honduras, Xiomara Castro, asumió el cargo en enero de 2022 con la promesa de
proteger los parques nacionales y acabar con la minería a cielo abierto, las
comunidades del municipio de Tocoa que vivían en una zona protegida del norte
del país se mostraron esperanzadas.
Agrega
que dos años después, la mayoría de ellas están aterrorizadas, acosadas y
exigen justicia por los asesinatos de sus seres queridos que luchaban por
proteger los ríos locales, de los que depende la supervivencia de su comunidad.
Esta es su historia.
“Con
agua hay vida. Sin ella, morimos”, dice el activista medioambiental Reynaldo
Domínguez mientras contiene las lágrimas. La frase, que lleva años repitiendo
como un mantra, resume una larga lucha que su comunidad ha protagonizado para
salvar los ríos Guapinol y San Pedro, que abastecen de agua a cientos de
personas en la región del Bajo Aguán, en el norte de Honduras.
Integrantes
de la comunidad afirman que una mina de hierro establecida en la zona en 2018
está teniendo un impacto negativo en ambos ríos y afectando a la agricultura y
la pesca de las que dependen. Desde entonces, han denunciado sufrir acoso y
ataques por parte de las autoridades hondureñas y de la empresa que gestiona el
proyecto minero.
“Las
cosas han ido empeorando cada vez más”, afirma Juana Zúñiga, defensora del
medio ambiente y dirigente del Consejo Comunitario de Guapinol. “Hay mucho
miedo en la comunidad. La gente tiene miedo de caminar por las calles después
de todos los ataques que hemos sufrido, pero sabemos que tenemos que ser
fuertes y continuar, no hay otra opción.”
La
historia de la comunidad de Guapinol y su lucha se remonta a 2012, cuando el
Congreso hondureño declaró Parque Nacional la zona donde confluían ambos ríos,
en la montaña de Botaderos.
La
idea era que el parque -que en 2016 recibió el nombre de Carlos Escaleras Mejía
en honor a un agricultor que dedicó su vida a defender la tierra y el agua de
la zona- quedara protegido de los efectos de las industrias pesadas, incluida
la minería. Las autoridades designaron zonas que debían estar libres de
actividades que afectaran al medio ambiente donde la minería solo podría
llevarse a cabo tras una serie de evaluaciones, incluida una evaluación del
impacto ambiental.
Las
disposiciones, que parecían buenas sobre el papel, no duraron mucho. Un año
después de que el área fuera declarada protegida, el Congreso decidió disminuir
la zona núcleo de dicha área protegida. Esto abrió la puerta para que el
Instituto Hondureño de Geología y Minas de Honduras concediera permisos de
explotación minera en esta zona. En 2014, se otorgó una primera concesión a una
empresa minera.
Las
comunidades locales afirman que no fueron debidamente informadas ni consultadas
sobre la concesión y las repercusiones que tendría en sus vidas.
“La
empresa dice que no hay contaminación en el río, pero los exámenes que
organizamos con expertos independientes demuestran que sí la hay. Es muy
preocupante. Nos está obligando a desplazar a comunidades enteras que no pueden
beber de esa agua”, afirma Reynaldo.
Juana
Zúñiga, a quien todos llaman Monchi, dice que la pesca en el río se ha visto
afectada. “Es muy preocupante y nos da una tristeza increíble. Nunca habíamos
visto algo así”.
Al ver
amenazado su hogar, los miembros de la comunidad se organizaron rápidamente. En
2015, formaron el Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y
Públicos del municipio de Tocoa y, en 2018, el Consejo Comunitario de Guapinol.
Comenzaron a solicitar información y a presentar denuncias ante el Congreso,
los tribunales locales y los organismos gubernamentales, que en su mayoría
fueron desestimadas o ignoradas.
Tras
sentir que nadie les escuchaba, la comunidad llevó a cabo una serie de
acciones, incluido un campamento de protesta. Con el tiempo, se enfrentaron a
una represión cada vez más brutal. El 27 de octubre de 2019, las fuerzas de
seguridad desalojaron violentamente el campamento, según diversos reportes.
Fue
ese mismo año que el Ministerio Público solicitó orden de captura contra 31
miembros de la comunidad de Guapinol. Se les acusó de privación de libertad e
incendio agravado presuntamente cometidos contra la empresa minera y uno de sus
contratistas. El Ministerio Público también acusó a los defensores de delincuencia
organizada, pero las pruebas eran débiles y un Juzgado Nacional finalmente lo
desestimó ese mismo año.
Recuerda
Amnistía Internacional que ocho de los líderes comunitarios pasaron más de dos
años en prisión. Reynaldo fue uno de ellos.
Por
ello, Amnistía Internacional los declaró “presos de conciencia”, afirmando que
no había pruebas que justificaran los cargos penales y que habían sido
procesados únicamente por ejercer sus derechos humanos. Quedaron en libertad en
febrero de 2022.
Esto
debería haber sido una buena noticia, pero las cosas no hicieron más que
empeorar.
Defender
los recursos naturales en Honduras no es tarea fácil. El país es uno de los más
peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente que trabajan para
proteger la tierra y otros recursos naturales, según cifras de Global Witness.
En
2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos documentó 11 asesinatos de defensores de derechos humanos en Honduras,
seis de los cuales luchaban por proteger los derechos a la tierra y el medio
ambiente. Estas cifras aumentaron drásticamente el año pasado, con ocho
defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente asesinados hasta
mayo de 2023.
La
región del Bajo Aguán, donde las comunidades de Tocoa luchan por proteger sus
recursos hídricos, ha enfrentado un conflicto histórico relacionado con la
tenencia de la tierra, con más de 160 personas que pertenecían a la comunidad
asesinadas allí desde 2010.
Honduras
tiene una larga y turbulenta historia de explotación medioambiental y
corrupción que ha llevado al establecimiento de mecanismos internacionales de
investigación. Hace siete años, Berta Cáceres, reconocida defensora de los
derechos humanos y líder indígena lenca, fue asesinada por hacer campaña contra
la construcción de una presa hidroeléctrica en el río Gualcarque, en la
comunidad de Río Blanco, al oeste de Honduras.
A
pesar de este contexto, Honduras aún no ha firmado el Acuerdo de Escazú, el
primer tratado regional sobre medio ambiente de América Latina y el Caribe. Su
objetivo es establecer nuevos estándares de protección del medio ambiente y los
derechos humanos que garanticen el acceso a la información, la participación
ciudadana y el acceso a la justicia en cuestiones medioambientales en la
región, incluida la protección de las personas defensoras del medio ambiente.
El
patrón de acoso y represión contra Reynaldo y su comunidad dio un giro trágico
a principios de 2023.
El 7
de enero, el hermano de Reynaldo, Aly Magdaleno Domínguez Ramos, y Jairo
Bonilla Ayala fueron asesinados cuando regresaban a casa del trabajo en una
moto. Cinco meses después, el otro hermano de Reynaldo, Oquelí, también fue
asesinado a tiros a plena luz del día. Los tres habían sido algunos de los
miembros más destacados de la comunidad que trabajaban para proteger los ríos
locales.
Reynaldo
afirma que los asesinatos fueron devastadores para la comunidad. Tanto que, en
efecto, les obligaron a él y a su familia a abandonar su hogar. Quedarse en
casa ya no era seguro.
“Todos
eran muy importantes para la comunidad. Cuando todo esto empezó, nos prometimos
que nos mantendríamos fuertes juntos, que siempre lucharíamos juntos para
proteger los ríos”, dice, antes de lamentar el estado de la investigación.
“A las
autoridades no les importa. No han hecho nada, no han detenido a nadie, la
investigación está completamente estancada. Esto es Honduras, ninguna
investigación avanza. Están esperando a que nos rindamos para cerrar el caso.
Están enviando el mensaje de que pueden hacernos desaparecer a todos y que no
pasará nada”, reprocha el activista.
Miembros
de la comunidad han denunciado otros ataques. Después de que las autoridades de
Honduras siguieran sin proteger a la comunidad, en octubre de 2023, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares a 30 personas:
miembros del Comité Municipal y sus abogados del colectivo jurídico Justicia
para los Pueblos (Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos). El gobierno
hondureño tampoco ha respondido a una carta enviada por Amnistía Internacional
en noviembre de 2023 en la que se instaba a las autoridades a investigar de
forma efectiva los ataques contra defensores y defensoras de los derechos
humanos y a proteger a sus comunidades.
Edy Tábora, abogado hondureño y cofundador de
Justicia para los Pueblos, ha litigado casos de agresiones contra defensores
del medio ambiente. Afirma que no ha habido avances en las investigaciones
sobre las agresiones a miembros de la comunidad y que la falta de una
supervisión adecuada de estos proyectos es preocupante.
“Hay un modelo de desarrollo basado en la
explotación de los recursos naturales que no tiene en cuenta la plena
participación de las comunidades. Un modelo que sólo busca ganancias y no tiene
en cuenta el sufrimiento de la gente y la criminalización de las comunidades”,
denuncia el litigante.
Mientras los miembros de las comunidades locales
continúan con su lucha, partes del proyecto minero siguen funcionando. El 9 de
diciembre, cientos de habitantes de Tocoa acudieron a una asamblea municipal
para rechazar un proyecto termoeléctrico de coque de petróleo, parte del
proyecto minero más amplio. Erick Tejada, ministro de Energía y gerente de la
Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras, prometió respetar la
decisión de las comunidades de Tocoa.
Ante tanto dolor, Reynaldo y Monchi están
convencidos de que la lucha merece la pena.
“Nos sentimos atrapados y vivimos con miedo por
todo lo que ha estado ocurriendo. Nunca pensamos que todo esto fuera a ocurrir.
Sigo luchando por los ríos porque esta es mi comunidad, nuestra tierra, y llevo
60 años protegiéndola. Soy un hombre que cree en lo colectivo y siempre seguiré
luchando para que Guapinol vuelva a ser lo que era”, afirma Reynaldo. “El
desarrollo no tiene por qué ser perjudicial. Nuestra lucha es por todos, porque
este planeta es el hogar de todos y debemos protegerlo.”
Monchi está de acuerdo.
“Le pido a la presidenta que nos escuche y que cumpla su promesa de acabar con la minería a cielo abierto. Sigo luchando por mis hijas, por lo que hemos conseguido. Todo merece la pena para proteger nuestro río”, afirma. “Mientras Dios nos dé vida seguiremos luchando”.
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