AI demanda al gobierno de Burkina Faso para que termine con esa ilegal práctica
Por Nataly Rivas
Londres, Inglaterra.-
Transcurridos más de 50 días desde la desaparición forzada de Daouda Diallo,
secretario general del Colectivo contra la Impunidad y la Estigmatización de
Comunidades (CISC, por sus siglas en francés), Amnistía Internacional hace un
llamamiento a las autoridades de Burkina Faso para que sea devuelto en
condiciones de seguridad a la vida civil y para que cese el uso del
reclutamiento como herramienta para silenciar a la disidencia.
Recuerda que el 1 de diciembre de 2023, Daouda
Diallo fue secuestrado por agentes de seguridad cuando salía de la oficina de
expedición de pasaportes de Uagadugú, capital de Burkina Faso, y trasladado a
un lugar desconocido. Días después, se lo pudo ver con uniforme militar en la
parte trasera de un camión del ejército en una imagen compartida en las redes sociales.
El gobierno no ha reconocido oficialmente su detención ni tampoco su paradero,
pero su familia y abogados creen que se encuentra en primera línea del frente.
“Las autoridades militares deben liberar de
inmediato a Daouda Diallo, y la desaparición forzada de activistas y defensores
de los derechos humanos bajo la apariencia de reclutamiento debe cesar. Estas
personas no deben estar sometidas a hostigamiento, intimidación ni violencia
por parte del Estado”, ha afirmado Samira Daoud, directora regional de Amnistía
Internacional para África Occidental y Central.
“Amnistía Internacional insta a las autoridades
militares a respetar, proteger, promover y hacer realidad los derechos humanos
de toda la población de Burkina Faso. Las autoridades deben actuar con
transparencia durante todo el proceso de reclutamiento. Amnistía internacional
condena el uso indiscriminado del decreto de abril de 2023 sobre movilización
nacional para reclutar a personas con una voz pública independiente en Burkina
Faso”, demandó la activista.
Luego de lo cual señaló que Amnistía Internacional
insta asimismo a las autoridades militares pertinentes a permitir que las
personas reclutadas puedan comunicarse de manera regular con sus familiares y
allegados.
Información complementaria
Cuando se produjo su desaparición forzada, Daouda
Diallo había sido llamado a filas, junto con otras figuras destacadas de la
sociedad civil y de los medios de comunicación, en virtud de un decreto que
venía utilizándose cada vez más contra quienes eran críticos con el gobierno de
transición del país.
Daouda Diallo es solo uno de los más de una decena
de destacados activistas y periodistas críticos con el gobierno de transición
de Burkina Faso que han sido llamados a filas recientemente en virtud del
decreto de abril de 2023 “sobre movilización general y salvaguarda”, por el que
se permite el reclutamiento militar de la mayoría de los burkineses en edad adulta.
El proceso de reclutamiento no está claro y el número de personas reclutadas no
es público, como tampoco lo son las opciones para impugnarlo. La mayoría de los
casos conocidos afectan a activistas y defensores de los derechos humanos que
han sido críticos con las políticas del gobierno.
El 6 de diciembre de 2023, en respuesta a la
reclamación presentada por tres personas que habían recibido sendas órdenes de
reclutamiento, un tribunal de Uagadugú resolvió que tal reclutamiento había
sido ilegítimo y ordenó su suspensión. También ordenó al ejército que se
abstuviera de ejecutar de inmediato las órdenes.
Pero nada se ha hecho a a este respecto. El 24
de diciembre de 2023, el exministro de Asuntos Exteriores Ablassé Ouedraogo fue
arrestado en su domicilio tras regresar de un viaje al extranjero. En noviembre
se lo llamó a filas junto con Daouda Diallo y varios miembros de la sociedad
civil, activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas.
La semana previa a estos reclutamientos estuvo marcada por tensiones entre el gobierno y varias organizaciones de la sociedad civil, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos que pretendían conmemorar el noveno aniversario de la revolución de octubre de 2014. El 6 de diciembre, un tribunal ordenó la suspensión de la orden de reclutamiento del periodista Issiaka Lingani, además de las de Bassirou Badjo y Rasmane Zinaba, integrantes del movimiento ciudadano de base Le Balai Citoyen (La Escoba Ciudadana), argumentando en la sentencia que violaban sus derechos a la libertad de expresión y circulación y ponían en peligro su integridad física. De las 14 figuras públicas burkinesas llamadas a filas, ellos tres fueron los únicos que recibieron debidamente las órdenes de reclutamiento en noviembre.
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