Por Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez
Ciudad de México.- Los derechos
humanos enfrentan un panorama complejo en el año que inicia. A la coyuntura
electoral se suma la retórica presidencial de fin de sexenio, con su carga cada
vez mayor de falsedades. Pero en todo el país las víctimas y las comunidades se
siguen organizando para demandar justicia, verdad, no repetición y memoria.
Empieza el 2024 y
con ello un año intenso en cuanto a lo político, lleno de desafíos para los
derechos humanos. El contexto electoral marcará, sin duda, los
meses por venir. Las perspectivas que guiarán a las plataformas políticas que
protagonizan esta disputa parecen ya dibujadas.
De un lado, el intento de utilizar la persistente
crisis de derechos humanos como arma arrojadiza al hacer
una evaluación crítica de la actual administración. Una perspectiva que si bien
puede ser políticamente comprensible, termina teniendo poca credibilidad y
siendo poco más que una instrumentalización electoral de la gran tragedia
nacional, al efectuarse por actores provenientes de formaciones políticas que en
el pasado contribuyeron a que esa crisis se generara.
Del otro lado, la pretensión de subsumir la
compleja y amplia agenda de las víctimas en la
anunciada propuesta de modificar el mecanismo de selección de ministros y
ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ésta, más allá
de los enormes riesgos que entraña para el Estado de Derecho, de ninguna manera
solventaría la profunda crisis de impunidad que vive el país, más vinculada con
el mal funcionamiento de las fiscalías y con el modelo de seguridad
militarizado y centralista, que con el de los jueces y juezas.
En este panorama, es difícil que
los derechos humanos tengan espacios de escucha seria en las plataformas que
están por disputar la Presidencia y el momento parece poco
propicio para impulsar propuestas de gran calado. Máxime porque a este panorama
se suma la desinformación que genera la conferencia matutina presidencial, que
en su afán de minimizar la crítica realidad de los derechos humanos en el país,
desata retóricas tóxicas. Ejemplos nítidos y recientes de esta deriva son la
cuestionable revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y
la descalificación en contra de organizaciones dedicadas a la defensa de los
derechos humanos —como
el Centro Prodh—, cuestiones ambas que se agudizaron en las
últimas semanas del 2023.
De la revisión del Registro Nacional, ya se ha
hablado bastante. Aquí hemos indicado una y otra vez que los esfuerzos
institucionales tendrían que dirigirse más bien a lograr que funcionen
herramientas clave como el Banco
Nacional de Datos Forenses, hoy inoperante por la
negligencia de las fiscalías.
Hemos aceptado también que la revisión del Registro
es necesaria pues por la propia naturaleza de las desapariciones puede haber
tanto fenómenos de “sobre registro” —pensemos en las familias que acuden a
denunciar a varias entidades federativas— como fenómenos de “sub registro”
—pensemos en las desapariciones de migrantes—, que probablemente sean los más
abundantes.
Pero dado lo delicado del tema, muchas voces han
indicado también que esta revisión tendría que haberse hecho con el más
extremo cuidado y con la mayor transparencia posible. Estas
características, lamentablemente, no han estado presentes en la actual
revisión. La adopción de nuevas categorías con las
denominaciones “personas ubicadas”, “personas sin datos suficientes para ser
identificadas” y “registros sin indicios para la búsqueda” —donde se acumulan
los casos de casi 80,000 personas— es sumamente cuestionable: no están previstas
en la ley y no se encuentran bien definidas.
Todo indica, además, que el estándar que se ha
adoptado para considerar un caso como una “desaparición confirmada” es
demasiado alto e inadecuado dadas las características de este crimen, que se
comete para no dejar huella y que deja en el terror a los familiares. Por
último, hay que hacer notar también que al no desglosarse por años,
sexenios y entidades federativas el número de casos, se pierde la posibilidad
de monitorear si el fenómeno está conteniéndose y revirtiéndose;
paradójicamente, con ello, los principales beneficiarios son los gobernantes de
los sexenios en los que más desapariciones se registraron.
Por otro lado, en cuanto a las descalificaciones
contra las organizaciones civiles, hay que insistir en que
atacar al mensajero no cancela la veracidad del mensaje. En el caso del Centro
Prodh, desde la conferencia presidencial se ha dicho con falsedad que
supuestamente hemos actuado de forma desleal en el caso Ayotzinapa por
denunciar la existencia de tortura en la investigación que derivó en la llamada
“verdad histórica” y se ha llegado a afirmar que incluso “manipulamos” a las
víctimas. Tristemente, de esa manera se termina reivindicando la investigación
plagada de irregularidades que realizó la anterior administración, se
relativiza la gravedad de los efectos de la tortura en un proceso penal y se
repite la ofensiva narrativa —muy frecuente en los gobiernos anteriores— según
la cual las víctimas no tienen agencia sobre sus procesos y luchas.
La intención es clara: distraer la atención de lo
esencial, que son los pendientes que sigue presentando el caso, entre los que
destaca la reticencia militar a entregar
todos los documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (C.R.F.I.)
en Iguala. Pero los padres y las madres de los normalistas,
en una muestra más de su enorme dignidad, no han caído en esta treta: han
seguido exigiendo que acabe la protección al Ejército y han respaldado a las
organizaciones —Tlachinollan, Serapaz, Fundar y el Centro Prodh— que les han
acompañado casi por una década.
En suma, los derechos humanos enfrentan un panorama complejo en el año que inicia. A la coyuntura electoral se suma la retórica presidencial de fin de sexenio, con su carga cada vez mayor de falsedades. Pero en todo el país las víctimas y las comunidades se siguen organizando para demandar justicia, verdad, no repetición y memoria. Pese al contexto adverso, debemos seguir dando voz y presencia a esos esfuerzos en este 2024, con la esperanza de que se abran espacios a la altura de la emergencia nacional que vivimos.
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