Ello, a pesar de la intervención de la CIDH y la ONU
Por José Dueñas
Ciudad
de México.- Decenas de ONG’s defensoras de derechos humanos, informan que el
pasado domingo 15 de enero de 2023, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado
defensor de derechos humanos y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder social
de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, fueron víctimas de desaparición forzada cuando se
trasladaban en las inmediaciones de Cerro de Ortega, región que limita las
entidades federativas de Michoacán y Colima, luego de haber participado en una
asamblea comunitaria. Desde entonces no se sabe nada más de ellos y sus seres
queridos continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.
Previo
a su desaparición, relatan las ONG’s, Ricardo y Antonio sostenían la defensa
legal de la comunidad de Aquila, exigían que se garantizara la elección libre
de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la
minera Las Encinas, perteneciente a la empresa Argentina Ternium,
la cual, ha sido señalada como un factor de división y fragmentación del tejido
social al interior de la comunidad.
Meses
atrás, Antonio Díaz y Ricardo Lagunes alertaron a las autoridades estatales y
federales acerca de una serie de amenazas recibidas en su contra, así como de
otros integrantes de la comunidad, solicitando su intervención para mediar los
conflictos y evitar la escalada de la violencia en la región, sin embargo,
fueron ignoradas por las autoridades.
La
noticia sobre la desaparición de Ricardo y Antonio provocó una reacción
inmediata por parte de organismos internacionales. El Comité contra las
Desapariciones Forzada de Naciones Unidas (CED) emitió las Acciones Urgentes exigiendo una
búsqueda e investigación integral, estratégica y coordinada.
De
la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en las
que solicitó la búsqueda inmediata de Ricardo y Antonio.
Además, los procedimientos especiales de Naciones Unidas emitieron
un llamamiento urgente enviando comunicaciones no solo a México, sino además a
la empresa Ternium, a los Estados de Luxemburgo y Argentina, remarcando el
deber de debida diligencia que los estándares internacionales exigen en torno
al desarrollo minero por empresas privadas.
Derivado
de las medidas emitidas por el CED y la CIDH, se han convocado a numerosas
reuniones con diversas autoridades, incluidas Mesas de Alto nivel en
seguimiento a estas decisiones internacionales, celebradas en los meses de mayo
y octubre, estando encabezadas por la Secretaría de Gobernación, con la
presencia de distintas autoridades de investigación y búsqueda, y la mediación
de la CIDH y Naciones Unidas.
A
pesar de ello, reprochan las ONG’s, no se logró contar con una estrategia
integral de búsqueda, ni con un análisis de contexto que permitiera el diseño
de un plan integrado entre investigación y búsqueda para la localización
inmediata y con vida de los defensores. Además, las familias continúan sin
tener respuestas concretas respecto de los hallazgos forenses, por lo que
la obligación de buscar e investigar sigue pendiente de cumplimiento.
En
el mes de noviembre de 2023 se llevó a cabo una reunión de trabajo en Washington DC, en donde las
familias de Ricardo y Antonio propusieron establecer el Mecanismo Internacional
de Recuperación Humanitaria para Antonio y Ricardo (MIRHAR), siguiendo las
mejores prácticas en materia de desapariciones.
Sin
embargo, la posibilidad de diálogo sobre el tema se ha visto frenado por los
recientes cambios ocurridos al interior de la Secretaría de Gobernación, la CNB
y el Mecanismo de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos
Humanos, sin que a la fecha se haya convocado nuevamente a la Mesa de Alto
Nivel para revisión de los acuerdos pendientes de cumplir.
Derivado
de las investigaciones, actualmente dos personas se encuentran detenidas, a la
espera de juicio por su presunta participación en el delito de desaparición
cometida por particulares en contra de Ricardo y Antonio.
Asimismo,
las organizaciones informan que a lo largo de la investigación, se han
detectado una serie de irregularidades y situaciones de las cuales se pudiera
presumir la complicidad y responsabilidad de servidores públicos de algunas
instituciones, por lo que es necesario exhortar a las autoridades encargadas de
la investigación de agotar todas y cada una de las líneas de investigación,
especialmente aquellas que involucren la participación y responsabilidad de
actores económicos, así como la complicidad de elementos del Estado y las
fiscalías locales.
Cabe
señalar que la desaparición de Ricardo y Antonio fue catalogada como
emblemática por el CED y es representativa del contexto de violencia contra
personas defensoras de derechos humanos en México, generando diversas acciones
solidarias exigiendo su aparición con vida por parte de organizaciones de
sociedad civil, colectivos y la academia en distintos estados de la república
como Colima, Michoacán, Chiapas, Veracruz y Ciudad de México, así como de otros
países como Estados Unidos, Luxemburgo y Europa.
Asimismo,
personas legisladoras en México, se pronunciaron exigiendo su búsqueda y
presentación con vida. Inclusive los gobiernos de Estados Unidos, Luxemburgo y
parlamentarios europeos se unieron al llamado de verdad y justicia, siguiendo
de cerca este caso.
La
desaparición de Ricardo y Antonio no es aislada, pues en los últimos 15 años
han desaparecido más de 93 personas defensoras ambientales en
México, 62 de ellas por defender el territorio indígena ante proyectos de
minería y de tala clandestina de madera.
Además,
en la región en el último año se han registrado la desaparición de líderes
sociales de comunidades indígenas y defensores de derechos humanos en
circunstancias similares; en un contexto fuertemente marcado por la injerencia
de la empresa Ternium y la presencia del crimen organizado.
Ante
las múltiples exigencias de colaboración con la empresa, la respuesta de todos
los actores fue continuar las negociaciones económicas dejando en segundo plano
las desapariciones y sin fortalecer las estrategias de búsqueda y localización.
Tanto el gobierno de Michoacán como el gobierno federal aceleraron los acuerdos
con la empresa Ternium, para reactivar la operación de la mina e incidieron en
actores locales para que respaldaran esta decisión, aprovechando la gran
dependencia económica que la mina históricamente ha generado en la comunidad.
A
un año de la desaparición de Ricardo y Antonio, las familias de los defensores
han vivido en carne propia la realidad que miles de buscadores y buscadoras de
desaparecidos en México encuentran como respuesta: simulación, superficialidad
en los compromisos de búsqueda e investigación y revictimización desde
todas las esferas gubernamentales.
Por ello, las organizaciones defensoras de derechos humanos, familiares, amigos y amigas de Ricardo y Antonio, exigen al Presidente de la República, a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a la Fiscalía General de la República (FGR), al Subsecretario de Derechos Humanos, a los Gobernadores de Michoacán y Colima y en particular a la Fiscalías de Colima y Michoacán, como a las demás instituciones, que busquen y encuentren a Ricardo y Antonio e investiguen y sancionen a todos los responsables de su desaparición.
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